La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha elaborado un nuevo protocolo de actuación de los veterinarios habilitados en los programas de sanidad animal de Castilla y León, una herramienta que permitirá reforzar la capacidad operativa del sistema autonómico de prevención, vigilancia, control, lucha y erradicación de enfermedades animales, así como mejorar la coordinación de estos profesionales con los Servicios Veterinarios Oficiales.
El documento establece criterios técnicos, organizativos, documentales y de control comunes para las actuaciones de estos profesionales. Los veterinarios habilitados actuarán dentro del ámbito concreto de su habilitación y bajo la dirección, supervisión y control de los Servicios Veterinarios Oficiales, que mantendrán las competencias y decisiones administrativas que les atribuye la normativa.
La ampliación de su participación permitirá aprovechar la capacidad de los profesionales disponibles, mejorar la cobertura territorial y facilitar la prestación de servicios sanitarios a las explotaciones ganaderas, sin reducir las garantías técnicas y administrativas aplicables.
Actuaciones en tuberculosis bovina
En el programa de erradicación de la tuberculosis bovina, los veterinarios habilitados podrán realizar, además de las pruebas previas o posteriores al movimiento, las pruebas oficiales de campaña, siempre dentro del alcance de su habilitación y de acuerdo con el Programa Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina y las instrucciones de los Servicios Veterinarios Oficiales.
Los profesionales que intervengan en estas actuaciones deberán haber superado la formación teórica, práctica y jurídica exigida, incluida la validación de la técnica de intradermotuberculinización y los correspondientes cursos de actualización. Estas condiciones buscan asegurar la correcta aplicación de las técnicas y la fiabilidad de los resultados.
Más capacidad de actuación, registro público y libre elección del profesional
El protocolo contempla la participación de los veterinarios habilitados en pruebas diagnósticas, toma y traslado de muestras, seguimiento sanitario de explotaciones, investigaciones epidemiológicas, comprobaciones de bioseguridad y actuaciones de vigilancia y control previstas en los programas oficiales. También podrán intervenir en actuaciones relacionadas con otras especies ganaderas, fauna silvestre y enfermedades compartidas entre esta y el ganado, cuando así lo prevean los programas aplicables.
La Junta mantendrá un registro público y actualizado de veterinarios habilitados, en el que podrán consultarse las actuaciones para las que está habilitado cada profesional y los datos de contacto necesarios. Cuando una actuación pueda ser realizada por un veterinario habilitado, el titular de la explotación podrá elegir libremente al profesional entre los incluidos en dicho registro. La habilitación tendrá eficacia en todo el territorio de Castilla y León, sin adscripción provincial adicional, sin perjuicio de la coordinación con los Servicios Veterinarios Oficiales competentes.
Para las pruebas previas o posteriores al movimiento, la actuación deberá comunicarse con una antelación mínima de 24 horas, salvo causa justificada. En las pruebas oficiales de campaña, el plazo general será de 48 horas. Estas comunicaciones tienen por finalidad facilitar la programación y coordinación, y no constituyen una autorización previa.
Coordinación y garantías sanitarias
La colaboración entre los Servicios Veterinarios Oficiales, los veterinarios habilitados y los titulares de las explotaciones permitirá disponer de más capacidad técnica para ejecutar los programas sanitarios. La Administración autonómica conservará la dirección, supervisión y control, así como la adopción de las medidas y resoluciones que correspondan.
Con este nuevo protocolo, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental establece un marco común de actuación basado en el rigor técnico, la formación especializada, la coordinación profesional y la colaboración público-privada. Un instrumento orientado a mejorar la prestación de los servicios sanitarios a los ganaderos, reforzar las garantías de sanidad animal y favorecer la competitividad de un sector estratégico para la economía y el desarrollo rural de Castilla y León.



