El TSJCyL anula el Plan de Gestión del Jabalí en la Comunidad tras el recurso presentado por Ecologistas en Acción
El alto tribunal da la razón a Ecologistas en Acción y concluye que la normativa carecía de informes clave y abordaba un problema que va más allá de la caza
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha declarado la nulidad del Plan de Gestión del Jabalí en la Comunidad tras estimar el recurso presentado por Ecologistas en Acción. La resolución anula de pleno derecho la Orden MAV/534/2024, de 3 de junio, al considerar que se aprobaron sin cumplir los requisitos legales necesarios.
Según el fallo, la normativa carecía de un informe preceptivo del Pleno del Consejo Regional de Medio Ambiente, un órgano que debía haber participado en su validación. La Administración autonómica, sin embargo, sustentó el plan únicamente en el visto bueno de la Comisión de Caza, al considerar que se trataba de una cuestión estrictamente cinegética.
El tribunal rechaza este planteamiento y subraya que la gestión del jabalí “excede el ámbito de la caza” por su carácter transversal, ya que afecta a ámbitos como la seguridad vial, la salud pública, la sanidad animal, la agricultura y el medio ambiente en su conjunto.
Asimismo, la sentencia cuestiona que el plan tuviera una vigencia indefinida, al entender que no existe una situación “alarmante, preocupante o extrema” que justifique esa medida. En este sentido, los magistrados consideran que una planificación de esta magnitud requería un análisis más profundo y plural, como el que aporta el Pleno del Consejo Regional, donde están representados diversos sectores.
Otro de los aspectos señalados por el TSJCyL es que el texto definitivo no fue sometido nuevamente a información pública tras ser modificado, lo que constituye un defecto adicional en su tramitación.
Desde Ecologistas en Acción han valorado positivamente la sentencia, destacando que “la justicia vuelve a poner freno” a lo que califican como una gestión inadecuada del medio natural por parte de la Junta de Castilla y León, basada —según denuncian— en criterios alejados de la sostenibilidad y la conservación.
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