El Pleno de las Cortes aprobó este miércoles por consenso a propuesta del PSOE instar a la Junta a garantizar la interrupción voluntaria del embrazo en todos los casos contemplados en la Ley Orgánica salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo en todos los centros hospitalarios públicos de Sacyl, respetando siempre el derecho a la objeción y conciencia de los profesionales sanitarios.
La propuesta socialista también insta a la Junta a reforzar la educación afectivo sexual de niños y niñas, mantener y potenciar los servicios de planificación familiar, tomar las medidas pertinentes para la creación de resistor de objeción de conciencia en los centros hospitalarios y el desarrollo de los órganos y procedimientos necesarios para garantizar la calidad asistencial durante todo el proceso.
El procurador Jesús Puente defendió la PNL por la que el PSOE insta a la Junta a incorporar la interrupción voluntaria del embarazo a la cartera de servicios de todos los centros hospitalarios del Sacyl garantizando su aplicación en todos los casos contemplados en la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria de embarazo aprobada en 2010.
En su intervención, el procurador socialista denunció que diez años después de aprobada la Ley Orgánica, el servicio público de salud de Castilla y León no ofrece este servicio en la mayoría de sus hospitales y muchas mujeres que lo requieren son remitidas a centros privados.
“La deficiente aplicación de esta Ley Orgánica en Castilla y León es responsabilidad de la Junta y está interfiriendo, complicando, cuando no, penalizando, a las mujeres”, señaló Puente tras poner de manifiesto que la Junta es la que no ha permitido que esta prestación esté disponible en prácticamente ningún hospital público de la Comunidad y solo en dos centros privados, obligando a las mujeres que lo requieren a salir de la red pública y también a viajar a otras provincias e incluso a otra comunidad “
“Además, la Junta limita también el acceso de las mujeres a una interrupción farmacológica ya que este tratamiento solo se ofrece en el Hospital de Miranda”, añadió Puente quien advirtió que la externalización de este servicio mediante la firma de convenios y contratos genera unos costes innecesarios. A modo de ejemplo, citó el caso del concierto del Hospital de Burgos con una clínica privada de Valladolid, cuyo coste supone para la sanidad pública alcanza los 300.000 euros, que no serán invertidos en mejorar instalaciones o equipamientos en la red púbica de hospitales.
“Mantener este servicio en estas condiciones solo puede ser entendido como una forma de resistencia ideológica e insumisión al ordenamiento legal, “señaló Puente quien consideró “incomprensible” que a estas alturas Sacyl no haya garantizado la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo en los centros públicos.
Asimismo, tras recordar que la Ley Orgánica reconoce el derecho de objeción de conciencia del personal sanitario responsable de llevar a cabo los procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo y un registro actualizado de profesionales sanitarios , Puente aseguró que en la sanidad pública de Castilla y León nos podíamos encontrar ante un fraude de ley por no tener actualizados los registros de objetores y porque se suele pervertir el sentido de la objeción , que debe ser necesariamente individual
“La tendencia observada es que la objeción de conciencia se suele aplicar y proponer de manera colectiva y torticera dando por objetor a todo profesional que no se ofrece activamente a participar en el procedimiento clínico. Esto pervierte el derecho a la objeción d conciencia “, denunció.
