La Junta de Castilla y León ha dado luz verde hoy, durante la reunión del Consejo de Gobierno, a la suscripción del convenio de ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que recae competencialmente en la Vicepresidencia segunda. El importe correspondiente a la Comunidad asciende a 378 millones de euros, un 5,4 % del total de fondos con los que cuenta el Plan ―7.000 millones―. No obstante, de esos 378 millones, Castilla y León debe aportar el 40%, es decir, 151,2 millones de euros, mientras que el resto son responsabilidad del Gobierno central.
La financiación por parte de la Comunidad autónoma se distribuye en cuatro anualidades comprendidas entre 2027 y 2030, y en cada una de ellas contribuirá con 37,8 millones de euros. En el caso del Gobierno, sufragará su parte en cinco años a contar desde este 2026: 43,2 millones de euros el primer año y 45,9 millones los cuatro restantes.
El Plan se estructura en tres líneas de actuación: una primera dirigida a incrementar la oferta de vivienda social y asequible, cuya partida asciende a 151,2 millones de euros (40%); otra cuyo objetivo es fomentar la rehabilitación de inmuebles, la accesibilidad y la renovación urbana y rural, con una asignación de 113,4 millones de euros (30%); y una tercera destinada al programa de ayuda para reducir el esfuerzo en el pago de la vivienda, que también estará dotada con 113,4 millones de euros (30%).
El convenio es el instrumento jurídico que establece el Real Decreto que regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. De este modo, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado hoy a la vicepresidenta segunda para que, en coherencia con sus competencias, sea la responsable de firmar dicho convenio.
