El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, insistió hoy la necesidad de una reforma “a fondo” del sistema de financiación autonómica, ya que las entregas a cuenta y la liquidación del modelo aportarán a las cuentas de la Junta de 2023 una cuantía de 8.136 millones, que sube respecto a este año (20,3 por ciento), pero “sigue siendo una cantidad insuficiente para financiar los gastos ordinarios derivados de la prestación de los servicios públicos esenciales”. “Únicamente sumando lo presupuestado en las tres Consejerías sociales hay 8.630 millones de euros”, recordó, por lo que denunció que “el sistema de financiación deja sin cubrir casi 500 millones de los gastos de sanidad, educación y servicios sociales”.
El consejero portavoz, que abrió las comparecencias de los consejeros en las Cortes para explicar el proyecto de presupuestos elaborado por el Ejecutivo de coalición PP-Vox para el año que viene, también explicó que esos recursos están pensados para financiar, entre otros, los gastos vinculados al territorio, y Castilla y León “es el más extenso de España”. Carriedo insistió así en que el “mal funcionamiento” del sistema “penaliza especialmente a Castilla y León, por razones relacionadas con el envejecimiento de la población, la elevada extensión y la dispersión territorial”.
“La brecha entre lo que recibimos del actual sistema y los servicios públicos que prestamos es notoria y la necesidad de reforzar los aspectos territoriales de la financiación autonómica se hace todavía más patente con las circunstancias acaecidas en años como el actual”, resumió.
Carriedo recordó que la Junta dispondrá el año que viene del mayor presupuesto de la historia de la Comunidad, con 13.809 millones de euros, un 12,3 por ciento más que el vigente, pero aclaró que el bloque de recursos que más crece es el que tiene su origen en la Unión Europea, un 62,3 por ciento de incremento para un total de 1.986 millones.
Frente a eso, denunció la disminución de las transferencias, procedentes fundamentalmente del Estado, en un 30,7 por ciento, por la eliminación por parte del Gobierno de España de los fondos COVID, que suponían 633 millones y que “ayudaban a financiar los servicios públicos”. Al respecto, recordó a los parlamentarios que “una parte de estos gastos siguen siendo necesarios, y no podemos por tanto encontrar justificación al recorte que el Gobierno de España ha decidido aplicar a la financiación de los mismos”.
