La Junta afronta con “preocupación” la ronda de reuniones “a puerta cerrada” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus socios de investidura por si encarecen la “factura” de su apoyo y eso se traduce en acuerdos y exigencias que perjudiquen “más a Castilla y León”.
En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, aseguró que estos días están “un poco preocupados” por los encuentros de Sánchez y los partidos que lo apoyan, ya que no se conoce el contenido de esas citas, más allá de los detalles sobre el “estado de ánimo” del presidente, tras lo sucedido con el exsecretario de Organización Santos Cerdán.
En ese sentido, Fernández Carriedo apuntó que las reuniones de Sánchez con Junts, ERC o Bildu“no son públicas”, ni tampoco debates parlamentarios, por lo que no conocen si se está hablando de nuevas exigencias por parte de estos socios de investidura, ya que recordó que al inicio de la legislatura se adoptó un acuerdo en materia de financiación autonómica con los partidos separatistas al margen del resto de comunidades, informa Ical.
Al respecto, el portavoz de la Junta indicó que los socios, a su salida de los encuentros con el presidente del Gobierno, están manifestando que son “muy exigentes” para pedir el cumplimiento de lo firmado, de forma que auguró que van a pasar una “factura al cobro” de sus demandas y peticiones para que Sánchez siga al frente del Ejecutivo, en un momento en el que se investiga el cobro de presuntas comisiones por contratos de obra pública.
Por el contrario, el portavoz destacó que la Junta ofrece “estabilidad” y “confianza” en este momento “tan difícil” para España, que señaló les obliga a concentrarse en la “hoja de ruta” marcada por el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, en el debate de política general celebrado en el mes de marzo. De esta forma, abogó por hacer un esfuerzo para que los servicios públicos esenciales sigan funcionando y por centrarse en resolver los problemas de la gente, sin entretenerse en otras cuestiones.
Entregas a cuenta
Por otra parte, el titular de Hacienda aprovechó para reclamar con urgencia la renovación del sistema de financiación ahora que el Gobierno ha aprobado un real decreto para actualizar las entregas a cuenta a comunidades y ayuntamientos. En el caso de Castilla y León, recibirá 8.969 millones de euros, un 9,5% más que el año pasado. A esta cantidad se une la liquidación de 2023, que asciende a 627 millones, lo que deja la cifra total en 9.522 millones, un 2,5% más.
Fernández Carriedo manifestó que estaban seguros de que el Gobierno les terminaría pagando “al final” estas cantidades actualizadas porque derivan de un cálculo matemático de la Ley Orgánica de Financiación, aunque fuera con un “cierto retraso”. En su caso, manifestó que han podido esperar “sin grandes dificultades” estos seis primeros meses del año debido a que tienen un balance financiero “saneado” y “solvencia”.
Al respecto, el consejero portavoz apuntó que los ciudadanos de Castilla y León ya han pagado el IVA (minorista) y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que ahora se transferirá a la Comunidad a través de unas nuevas entregas a cuenta. “Estábamos seguros”, dijo, de que se les pagarían estas cantidades, aunque se haya tardado “más de lo que es deseable”.
Además, recordó que el actual modelo de financiación caducó en 2014 y que, según el Consejo de Cuentas, ha supuesto la pérdida de 6.000 millones frente a otra distribución “más justa” y “adaptada” al coste efectivo de los servicios. Por ello, insistió en que enviaron sus sugerencias para iniciar una reforma, pero no han tenido respuesta por parte del Gobierno, a pesar de que es un asunto tratado en las dos últimas Conferencias de Presidentes.
Finalmente, recordó que el Gobierno tiene que actualizar también las remuneraciones de los empleados públicos, que se encuentran “congeladas”.
