Castilla y León quiere que la prevención de incendios gane peso en las futuras políticas forestales de la Unión Europea. La Junta ha reclamado en Bruselas que los próximos fondos comunitarios reconozcan el carácter estratégico del sector forestal y de la bioeconomía y contemplen instrumentos estables para financiar la prevención, la innovación y las inversiones vinculadas a la biomasa.
La petición ha sido trasladada por el viceconsejero de Medio Ambiente y Energía, Jorge Llorente, durante la constitución y primera reunión de la Red de Regiones de Energía de la Biomasa Forestal (WERN), que reúne en Bruselas a representantes de regiones europeas con una importante superficie forestal.
Llorente ha puesto sobre la mesa la dimensión del patrimonio forestal de Castilla y León, que cuenta con más de cinco millones de hectáreas forestales, de las que 1,8 millones corresponden a Montes de Utilidad Pública. Una extensión que, según la Junta, obliga a que el diseño de las políticas europeas tenga en cuenta tanto la dispersión territorial como el coste de gestionar grandes superficies.
La Comunidad también reclama que Bruselas tenga en cuenta las particularidades de los bosques mediterráneos, diferentes de los existentes en el norte de Europa, y apueste por una gestión forestal activa adaptada a sus características.
En este planteamiento, la biomasa aparece como una de las herramientas para intervenir sobre el monte. La Junta defiende que su aprovechamiento puede contribuir simultáneamente al desarrollo rural, la prevención de incendios y la seguridad energética.“La biomasa forestal es un recurso renovable, autóctono, almacenable y gestionable”, ha señalado Llorente, que ha insistido además en que la biomasa “no es un fin en sí mismo, sino una herramienta de gestión forestal”.
La Junta sostiene que los trabajos de gestión del monte también tienen una incidencia directa sobre el riesgo de incendios. “Cada tratamiento selvícola, cada aprovechamiento sostenible y cada tonelada de biomasa retirada del monte contribuyen a reducir combustible y a construir paisajes más seguros frente a los incendios”, ha defendido el viceconsejero.
En paralelo, la Administración autonómica trabaja con la Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León en la elaboración de un nuevo Plan Forestal Integral, con el objetivo de garantizar el suministro de materias primas a la industria y generar actividad económica en el medio rural.
Una apuesta energética con impacto económico
La estrategia forestal se vincula también al desarrollo de las energías renovables. Castilla y León produce aproximadamente dos veces y media más energía de la que consume y concentra además una parte relevante de la industria de la biomasa: la Comunidad fabrica alrededor de un tercio de los pellets producidos en España.
La Junta prevé impulsar otros 100 kilómetros de redes de calor renovables, con los que pretende duplicar la extensión actual de estas infraestructuras. Según sus previsiones, permitirán abastecer a unas 30.000 viviendas y más de 325 edificios públicos.
Estas redes consumirían cerca de 160.000 toneladas de biomasa forestal al año y evitarían unas 90.000 toneladas anuales de CO2. La Administración autonómica calcula además que, hasta 2030, el sector podría movilizar más de 1.000 millones de euros en inversiones en Castilla y León.
La participación en la nueva red europea WERN busca precisamente reforzar la posición de las regiones forestales ante las instituciones comunitarias y facilitar la llegada de fondos adaptados a la realidad de los bosques mediterráneos.
