El Consejo de Ministros aprobó hoy el reparto entre las comunidades autónomas de un paquete de 229 millones de euros destinados al refuerzo de la Atención Primaria y la salud mental y a la puesta en marcha del primer Plan de Prevención del Suicidio, por el que Castilla y León recibe cerca de 13,5 millones de euros.
En concreto, y según revela el Ministerio de Sanidad en tres comunicados remitidos a Ical, el Gobierno destina más de 10,5 millones de euros a Castilla y León para reforzar la Atención Primaria, mientras que dedica dos millones al refuerzo de los programas de salud mental y más de 940.000 euros para el primer Plan de Prevención del Suicidio.
La dotación presupuestaria en Atención Primaria busca ampliar los procedimientos diagnósticos, optimizar los procesos administrativos, impulsar soluciones de inteligencia artificial, renovar las infraestructuras y el equipamiento clínico, fomentar las Escuelas de Salud para la Ciudadanía y los programas de Paciente Experto y Persona Cuidadora Experta, implementar programas de detección temprana de violencia de género, interoperar las historias de salud digitales, fomentar los proyectos orientados a garantizar el acceso al Sistema Nacional de Salud a las personas sin hogar y vincular las herramientas de recomendación de activos para la salud con los recursos comunitarios desde la Historia de Salud Digital.
En relación al plan de acción para mejorar la salud mental, se establecen ocho líneas estratégicas para reforzar los recursos humanos, plantear alternativas a la institucionalización, programar actividades de lucha contra el estigma, optimizar los tratamientos, atender a los colectivos vulnerables, así como a niños y adolescentes, desarrollar sistemas de información en salud mental y financiar actuaciones que promuevan el acceso a un empleo digno y el mantenimiento laboral de personas con trastorno mental.
Finalmente, el Plan de Prevención del Suicidio contempla impulsar campañas de concienciación para promover el conocimiento sobre la conducta suicida, desarrollar programas comunitarios centrados en fortalecer el bienestar emocional de personas mayores, colectivos LGTBIQ+ y ciudadanos en situación de exclusión social, promover la reforma de las urgencias para mejorar la accesibilidad y aceptabilidad de las personas en crisis de salud mental, y fomentar la alineación de los planes autonómicos y el estatal para que haya “coherencia en las actuaciones”.
