Castilla y León registró 35 solicitudes de prestación de ayuda para morir en 2025, frente a las 37 contabilizadas en 2024, según el Informe Anual 2025 sobre la Prestación de Ayuda para Morir, elaborado por el Ministerio de Sanidad y publicado en noviembre de 2026.
La cifra supone un ligero descenso respecto al ejercicio anterior y sitúa a la Comunidad en una tasa de 16,9 solicitudes por cada millón de habitantes mayores de 18 años, por debajo de la media nacional, que se situó en 31,2.
La evolución de los últimos años refleja, no obstante, un incremento respecto al inicio de la aplicación de la ley. Castilla y León pasó de las 11 solicitudes registradas en 2021 a las 22 de 2022 y las 29 de 2023, hasta alcanzar las 37 de 2024. En 2025, el número descendió hasta las 35.
En cuanto al desenlace de los procedimientos, el informe recoge 34 procesos finalizados en Castilla y León durante 2025. De ellos, 15 terminaron con la prestación de ayuda para morir, nueve fueron denegados, dos revocados y ocho concluyeron con el fallecimiento de la persona solicitante antes de recibir la prestación.
Esto significa que el 44,1% de los procesos finalizados acabó con la aplicación de la eutanasia, mientras que el 23,5% terminó por el fallecimiento de la persona durante la tramitación. Las denegaciones representaron el 26,5% y las revocaciones, el 5,9%.
Uno de los datos que destaca el documento es que las 15 solicitudes que recibieron una resolución favorable de la Comisión de Garantía y Evaluación en Castilla y León acabaron convirtiéndose en prestaciones. Es decir, la Comunidad alcanzó un porcentaje del 100% de prestaciones entre los procedimientos aprobados, frente al 84,5% de media nacional.
Las 15 prestaciones realizadas en Castilla y León representan, además, el 2,6% de todas las registradas en España durante 2025, que ascendieron a 574.
El comportamiento de Castilla y León contrasta con el de otras comunidades. Cataluña encabezó las estadísticas nacionales, con 498 solicitudes, seguida de Madrid, con 168, y el País Vasco, con 115. La tasa castellana y leonesa (16,9) quedó también lejos de las registradas en Navarra (67,2) o el País Vasco (60,5).
La media nacional casi duplicó la tasa de Castilla y León. En el conjunto del país se contabilizaron 1.284 solicitudes durante 2025, un 30,6% más que en 2024, aunque la evolución autonómica fue desigual.



