El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, alertó hoy en Burgos del “patético espectáculo ofrecido por quienes tienen sobre sí la responsabilidad de renovar los órganos constitucionales”, al tiempo que advirtió de que la falta de acuerdo causa “efectos devastadores para el funcionamiento del Estado e, incluso, para la propia credibilidad que deben tener las instituciones entre la ciudadanía”.
“Resulta palmaria la crisis del sistema a causa de la recurrente falta de entendimiento entre los protagonistas encargados de verificarlo; de la apariencia de contaminación política que traslada al órgano de gobierno de los jueces; y de su objetivo apartamiento de los estándares europeos”, manifestó durante su discurso en el acto institucional de Apertura del Año Judicial en la Comunidad 2022-2023 contra la falta de acuerdo político para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Asimismo, Concepción se refirió a que en la actualidad, España “no puede presumir de transitar por una calzada de normalidad” porque, según manifestó “al vertiginoso proceso de descomposición que padece, no es ajeno el tercer poder del Estado”, cuyos miembros, dijo, “vemos con enorme preocupación los calculados ataques de que son objeto tanto la cúpula judicial como los jueces que tienen que resolver procesos en los que se ven envueltos intereses políticos, mediáticos o económicos”.
A continuación, el presidente del alto tribunal de Castilla y León lamentó que ayer miércoles, 21 de septiembre, el Ayuntamiento catalán de San Cugat del Vallés declarara persona non grata al juez Llarena, vecino de esa localidad durante casi treinta años, “que no ha hecho otra cosa que cumplir con su deber”, ensalzó.
“Últimamente, pese a estar en el sentir de los ciudadanos que el poder judicial representa la última garantía de sus derechos, hemos escuchado interesadas llamadas a la ‘desjudicialización’ de la vida política y peligrosos requerimientos a huir de la intervención judicial, con el discutible propósito de sustituir la aplicación de la ley por otras fórmulas más contemplativas con las ilegales conductas con las que nos desayunamos muchos días”, manifestó.
Algo que, tal y como recordó que apuntó el presidente del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, en su discurso en el acto de apertura del Año Judicial, “conlleva el riesgo de acabar produciendo una huida de la Ley o, lo que es más grave aún, del principio de igualdad en la aplicación de la Ley a todos los ciudadanos” porque, agregó, “no otra consecuencia tendría el triunfo de la indisimulada pretensión de impunidad de determinadas categorías de sujetos frente al resto de los ciudadanos por el simple hecho de su capacidad de influencia política”.
En este sentido, denunció que el derecho de gracia “no es sino una reminiscencia de las monarquías absolutas” y que “se compadece mal con un Estado moderno siempre que no se utilice para uno de sus fines tradicionales: conseguir la rehabilitación del penado, corregir algún posible error judicial que pudiera haberse producido o dulcificar el rigor de una pena legalmente impuesta, y siempre que su concesión no cause perjuicio a tercera persona o lastime sus derechos”.
“Fuera de estos casos, el indulto constituye una intolerable intromisión de uno de los poderes del Estado en las competencias y atribuciones de otro, convirtiendo en letra muerta lo decidido por éste con arreglo a derecho”, afirmó. Según el magistrado, “esa vergonzosa intrusión pone en peligro el andamiaje mismo del Estado cuando se ejerce de manera torticera por intereses puramente utilitaristas sin más fin que el de la simple conveniencia política; y sin que exista atisbo alguno de arrepentimiento en los delincuentes que han sido condenados por sentencia firme”.
El acto institucional de apertura del Año Judicial contó con la asistencia de alrededor de 160 personas, entre ellas, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, además de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, autoridades civiles, militares y académicas de Burgos y Castilla y León.
En el mismo, se impuso la condecoración de la Orden de San Raimundo de Peñafort a Ignacio María de las Rivas Aramburu, magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL (jubilado); Sonsoles Sanchidrián Velayos, magistrada de los Juzgados de lo Social de Burgos; y José Luis Gallo Hidalgo, letrado de la Administración de Justicia de la Audiencia Provincial de Burgos (jubilado).
