El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha hecho entrega en el Parlamentoautonómico del Informe sobre los expedientes justificados al Fondo deCompensación Interterritorial (FCI) durante el ejercicio 2018, que fue aprobadoen su última sesión plenaria en Palencia e incluido en el Plan Anual deFiscalizaciones de 2019. Fiscalización realizada por mandato legal, su objetivofundamental consistió en verificar el grado de ejecución de los proyectos de losFCI y su adecuada contabilización en 2018, así como la legalidad de lasactuaciones realizadas por los gestores de estos fondos en lo que respecta a lanaturaleza de los gastos realizados y a las modificaciones de los proyectosinicialmente aprobados.
Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas y Ciudadescon Estatuto de Autonomía. En el caso de Castilla y León no corresponden aproyectos concretos de gasto, sino a determinados subprogramas gestionadospor las Consejerías de Agricultura y Ganadería, de Fomento y Medio Ambiente,de Educación, por la Gerencia Regional de Salud y el Instituto TecnológicoAgrario de Castilla y León, que incluyen como gasto elegible para los FCI todossus gastos de inversión o, en su caso, de funcionamiento necesarios para lapuesta en marcha de las inversiones durante un plazo máximo de dos años.
A nivel estatal, la dotación inicial de estos fondos en 2018 en relación a la de2017 se mantuvo en idéntico importe: 432,4 millones de euros (432.430.000 €).Para Castilla y León fueron 18.765.200 euros, lo que supuso una disminución del3,03% respecto del ejercicio anterior (19.351.210 €), 586.010 € menos, debidaprincipalmente a la corrección por renta y a la población.
En términos absolutos, Andalucía fue la que recibió mayor importe en ladotación de 2018, con un 37,21%, seguida de la Comunitat Valenciana, Canariasy Galicia que recibieron un 12,09%; 11,60% y 9,83%, respectivamente. A Castillay León le correspondió el 4,34% del importe total, por detrás de Castilla-laMancha (8,09%); Extremadura (5,80%) y Murcia (5,01%).
El grado de ejecución de los superproyectos financiados con los FCI de 2018alcanzó el 100%. En Castilla y León la distribución territorial de las inversionesrevela que las provincias más beneficiadas con esta financiación fueronSalamanca y Valladolid, con el 30,23% y 25,50%, respectivamente, seguidas deLeón y Segovia, con el 10,40% y el 9,41%, siendo la menos beneficiada Zamora,con el 0,07%, rompiéndose la tradición de ser Soria la menos favorecida en losejercicios anteriores.
Hay que tener en cuenta en el análisis de todas estas dotaciones la ejecuciónde inversiones por 1.804.990 euros en la conservación de la autovía LeónBurgos, así como inversiones por 740.046,97 euros en Infraestructuras Agrarias,importes ambos que aparecen sin provincializar.
Evolución de los FCI en Castilla y León (2003-2018). La disminución globalde la dotación desde 2003 a 2018 asciende al 72,48%, diferenciándose dosetapas: la primera (2003-2008), donde el importe consignado para los FCI porsuperproyectos fue incrementándose de 68.175.490 € de 2003 hasta 85.058.060€ de 2008, es decir, un aumento global del 24,76%. La segunda etapa (2008-2018), en la que los recursos fueron descendiendo desde los 85.058.060 € de2008 hasta los 18.765.200 € del 2018, disminuyendo un 77,94%.
Así, los recursos financieros asignados a la financiación de proyectos deInfraestructuras Viarias pasaron de 49.197.750 € en 2003 a 2.406.650 en 2018,un descenso del 95,11% en dicho periodo. En Infraestructuras Agrarias lavariación negativa fue del 75,63% (14.911.090 € frente a 3.633.990) en la mismaetapa. En 2018 los proyectos de Infraestructuras Sanitarias y de Infraestructuraspara la Educación, con dotaciones desde 2009, reducen sus asignaciones en el47,48% y el 63,55% con respecto a las del ejercicio 2009.
La evolución histórica de los FCI por provincias en la etapa 2003-2018 revelaque Burgos, con el 16,66%, seguida de León, Salamanca y Valladolid, con el14,55%; 13,03% y 11,90%, respectivamente, fueron las provincias que másinversiones ejecutaron con cargo a estos fondos. Seguidas de las provincias deSegovia, Palencia, Ávila y Zamora, todas ellas con un porcentaje departicipación en torno al 9% en el FCI. Figurando en último lugar Soria, con unaparticipación del 4,06%.
De los 18.765.200 euros asignados a Castilla y León para 2018, el 19,37% sedestinó a la financiación de proyectos de Infraestructuras Agrarias, cuya gestióncorresponde a la Consejería de Agricultura y Ganadería; el 12,83% a proyectosde Infraestructuras Viarias gestionados por la Consejería de Fomento y MedioAmbiente; el 40,31% a proyectos de Infraestructuras Sanitarias, competencia dela Consejería de Sanidad, y el 27,50% a proyectos de Infraestructuras para laEducación a cargo de la Consejería de Educación.
Se ha comprobado que los gastos certificados son elegibles para sufinanciación por los FCI al tratarse de gastos de inversión, de acuerdo a lanormativa reguladora, a excepción de los gastos correspondientes al proyecto de“Subvención directa a diversas Comunidades de Regantes”, por un importecertificado de 736.033,59 euros. Estas subvenciones consistentes en atendergastos financieros no pueden considerarse gasto elegible susceptible de serfinanciado por los FCI al no tratarse de un gasto de inversión.
De la dotación de 18.7 millones para la Comunidad en 2018, la cantidaddestinada a Infraestructuras Agrarias ascendió a 3.633.990 euros, cifragestionada por la Consejería de Agricultura y Ganadería y por el InstitutoTecnológico Agrario (ITA). En el caso de los fondos gestionados por el ITA, losderechos reconocidos son inferiores a los gastos que se han justificado concargo a los superproyectos (001) y (005) por 1.012.870,50 euros, cantidad quese compensa con la reconocida de más por dicha Consejería. Además, como enaños anteriores, el ITA no cumple con el criterio de reconocer los derechoscuando se realizada la petición de fondos. Por tanto, la gestión y contabilidad delos fondos correspondientes a Infraestructuras Agrarias no se efectuócorrectamente, al no corresponderse los derechos reconocidos con los gastosjustificados. Por otra parte, la contabilidad de los fondos correspondientes aInfraestructuras Sanitarias se realiza también, al igual que en años anteriores,conforme al criterio de devengo, incumpliéndose los principios contablespúblicos relativos a los FCI.
El Consejo de Cuentas constata que, con carácter general, secumple la legalidad respecto de la ejecución de los proyectos FCI en 2018 en loque respecta a la naturaleza de los gastos realizados a excepción de los gastoscorrespondientes al proyecto de “Subvención directa a diversas Comunidades deRegantes”. Al igual que en ejercicios anteriores, hace constar que la Comunidadlleva una contabilidad separada de los proyectos individuales susceptibles definanciarse con los FCI, pero no a nivel de superproyectos. Respecto de losderechos, su contabilización ha sido adecuada, con la salvedad recogida enrelación con la dotación de Infraestructuras Agrarias y la aplicación del criterio dedevengo en la contabilidad de los fondos correspondientes a InfraestructurasSanitarias
El Consejo recomienda de nuevo a la Consejería deEconomía y Hacienda que debe adoptar las medidas necesarias para que lacontabilidad que refleja la ejecución de los proyectos financiados con cargo a losFCI proporcione una información pormenorizada de cada proyecto incluido en elAnexo a la Sección 33 de los Presupuestos Generales del Estado a nivel desuperproyectos FCI, así como que la gestión y contabilidad de los fondoscorrespondientes a Infraestructuras Agrarias, se efectúe correctamente y secorrespondan los derechos reconocidos con los gastos justificados, tanto en elITA como en la Consejería de Agricultura y Ganadería, así como el controlinterno de los gastos financiados por el FCI.