Las Cortes de Castilla y León avanzan en el nombramiento de Tomás Quintana como procurador del Común en el tiempo de descuento. Este martes, la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común aprobará a las 10 horas la candidatura de Tomás Quintana, pactada por los grupos Popular y Socialista y remitida por la Mesa el pasado viernes a este órgano parlamentario para que formule una propuesta formal.
Su designación quedará, por tanto, pendiente de aprobarse por el pleno de las Cortes, una cuestión que algunas fuentes parlamentarias creen que podría resolverse en la sesión prevista para el 20 y el 21 de octubre. No obstante, su continuidad ya no está en juego por la limitación de mandatos de la ley de los altos cargos, pues establece el límite de ocho años para ser «propuesto», no para ser nombrado y tomar posesión.
De esta forma, tras aprobarse la propuesta de Tomás Quintana este martes, la Mesa de las Cortes, de acuerdo con la Junta de Portavoces, elevará al Pleno de la Cámara, en el plazo de un mes como máximo, el nombre del candidato, que deberá alcanzar la mayoría de tres quintos en la votación. Así, iniciará su segundo mandato, que en principio se prolongará hasta 2030, cuando deberá ser relevado.
Tras cuatro años con el mandato caducado, pues fue elegido el 10 de octubre de 2018 por el Parlamento, si bien no tomó posesión del cargo hasta el 24 de ese mismo mes, los grupos mayoritarios desbloquearon la designación de Tomás Quintana unas semanas antes de que alcanzara los ocho años al frente de esta institución, que tiene encomendada el Comisionado de Transparencia.
Quintana, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León, es el tercer procurador del Común. El primer titular de la institución, creada en 1994 y recogida en el Estatuto de Autonomía, fue Manuel García Álvarez, catedrático de Derecho Constitucional de la ULE, entre los años 1995 y 2005. Fue sustituido por el entonces fiscal jefe de la Audiencia de León, Javier Amoedo, quien ostentó el cargo desde noviembre de 2005 hasta octubre de 2018.
Todavía sigue pendiente la renovación de otras instituciones, el Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas, cuyos presidentes, Agustín Sánchez de Vega y Mario Amilivia, tienen también vencidos sus mandatos desde hace tres años y medio, pues fueron elegidos, por un pacto PP-PSOE, en febrero de 2019, cuando llegaba a su fin la novena legislatura, la del empate a 42 procuradores.
Particular es la situación del Consejo Consultivo, donde cesó el expresidente Juan Vicente Herrera, así como María del Valle Ares González, nombrada secretaria general de la Consejería de Educación. Actualmente, sus miembros son el presidente, Agustín Sánchez de Vega, y el consejero electivo Francisco Ramos, nombrado a propuesta del PSOE.
Finalmente, sigue pendiente de renovación el Consejo Económico y Social (CES), ya que su presidente, Enrique Cabero, debería haber sido reelegido o relevado hace casi tres años. El salmantino, experto propuesto por la Junta, fue elegido en noviembre de 2019 por unas Cortes en las que el PSOE era el grupo mayoritario.
