El presidentedel sector autonómico de la Administración General de la Junta en CSIF Castillay León, Mariano Prieto, insiste “en que es una oportunidad que no se puedeperder. En una Comunidad que necesita tanto empleo y oportunidades paranuestros jóvenes, y que sufre graves problemas de despoblación, que la Juntadesaproveche esas contrataciones y esas ayudas económicas sería unairresponsabilidad”.
En enero delpasado año 2019, “ya presentamos un escrito a la entonces gerente del ServicioPúblico de Empleo, pero ha pasado un año y la Junta no ha hecho nada, a pesarde las necesidades de empleo de nuestra Comunidad”. El ciudadano no entenderáque la Junta mire hacia otro lado, cuando puede contratar a estos orientadoreslaborales, cuya función será la de facilitar la búsqueda y mejora de empleo, lainserción laboral de los jóvenes, o la elaboración de itinerarios laboralespersonalizados en emprendimiento. Se trata de unos técnicos medios de empleoque estarán pegados a la realidad social y al territorio, es decir, a losayuntamientos y municipios, explica Mariano Prieto.
“En CSIFsomos partidarios de que estos orientadores, que tendrían un contrato de 18meses, sean personal laboral que dependa de la Junta de Castilla y León, delEcyl. Lo lógico que es cada una de las provincias de la Comunidad tenga, almenos, 10 orientadores laborales, número que habrá que incrementar enprovincias con más población y actividad económica, como Valladolid, León,Burgos o Salamanca hasta completar los 150”, añade.
“Noentendemos que la Junta no haga nada. Otras comunidades como Galicia o La Riojasí están aprovechando esa posibilidad que ofrece el Gobierno central, y yaestán haciendo convocatorias para esas plazas de orientadores laborales”, denunciaPrieto. “El problema es que ahora solo hay una cincuentena de orientadores enCastilla y León, y que hay provincias, como Soria, que solo tiene uno. Así,difícilmente se va a poder impulsar la creación de empleo, desde la visión y eltrabajo que aporta esa figura del orientador”, remarca.
CSIF pide que“los orientadores laborales trabajen en municipios, y que estén coordinadosentre todas las provincias de la Comunidad, porque hay gente que está dispuestaa moverse e ir donde haya y encuentre un puesto de trabajo”. Este asunto “esuna cuestión del Gobierno autonómico, que puede hacer un buen trabajoindependiente y de calidad, y no debe quedar en manos del diálogo social, unaherramienta que no recoge toda la representatividad de la realidad social ylaboral, y también sindical, de Castilla y León”, considera Mariano Prieto.“Ahora, la responsabilidad de que se hagan o no esas contrataciones, cuandoestamos aún a tiempo, depende ya de los responsables del Servicio Público deEmpleo de Castilla y León de la Junta”, concluye.