CSIF exige a la Junta subir el kilometraje a 0,31 €/km para los empleados públicos

El sindicato considera “completamente insuficiente” la actual compensación de 0,26 euros por kilómetro y reclama también ayudas para el seguro de los vehículos de los trabajadores

Coche de Sacyl
Coche de Sacyl

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Junta de Castilla y León que aumente de forma inmediata el pago por kilometraje hasta los 0,31 euros por kilómetro para los empleados públicos que deben utilizar su vehículo particular en desplazamientos laborales.

El sindicato considera que la actual compensación de 0,26 euros por kilómetro es “completamente insuficiente”, especialmente en un contexto marcado por el encarecimiento de los carburantes y la inestabilidad internacional que vuelve a tensionar los mercados energéticos.

Además de esta subida, CSIF también exige que los trabajadores reciban compensaciones por los gastos del seguro del vehículo, un coste que actualmente asumen íntegramente. El sindicato denuncia que esta situación contrasta con la de los procuradores de las Cortes de Castilla y León, que perciben ayudas de 1.000 euros anuales si tienen dedicación exclusiva y 500 euros si no la tienen, según un acuerdo de la Mesa de las Cortes de julio de 2023. Para la organización sindical, esta diferencia supone un “agravio comparativo indecente e intolerable”.

Desde CSIF recuerdan que miles de profesionales, especialmente en sanidad y educación, deben desplazarse diariamente entre municipios o por amplias zonas rurales para garantizar la prestación de los servicios públicos. Sin embargo, advierten de que la compensación actual “no cubre ni de lejos los costes reales del uso del vehículo”, que incluyen combustible, mantenimiento, desgaste, amortización o el propio seguro.

El presidente de la Unión Autonómica de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, ha señalado que “los empleados públicos no pueden seguir financiando de su bolsillo la prestación de los servicios públicos en Castilla y León, especialmente en el medio rural”, una situación que ha calificado de “inaceptable”.

El sindicato también considera que el Decreto 252/1993 de la Junta de Castilla y León, que regula las indemnizaciones por razón del servicio, está completamente desfasado y debe adaptarse a la realidad económica actual y al incremento de los costes de movilidad. En este sentido, recuerda que la última actualización de las cuantías tardó 16 años en producirse, algo que, según la organización, no debería repetirse.

Por último, CSIF ha extendido esta reclamación a diputaciones provinciales y entidades locales, a las que insta a revisar sus propias compensaciones por desplazamientos, ya que muchas administraciones remiten estas indemnizaciones a la normativa estatal o autonómica pese a tener capacidad para regularlas.

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