La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF),sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presenciacreciente en el sector privado, saldrá a la calle este jueves 28 de noviembre,para exigir al Gobierno que cumpla y garantice -de una vez por todas- la subidasalarial pactada de un 2% para los más de 2,5 millones de empleados públicos detodo el país, a partir del 1 de enero de 2020.
El pasado mes de octubre, el presidente del Gobierno envióuna carta a los sindicatos en la que condicionaba la subida a que el Ejecutivoesté “en plenas funciones”. CSIF valora este gesto, pero advierte de que “lasempleadas y empleados públicos no van a tolerar que se retrase ni un día unasubida salarial que está firmada y pautada desde el año pasado”.
En este sentido, CSIF reclama que, aunque el Gobierno estéen funciones, se haga efectiva por la vía del Real Decreto la subida a losempleados públicos a 1 de enero de 2020, ya que el Gobierno, aún en funciones,está facultado para dictar dicha norma, por lo que dicha subida queda al arbitriode su voluntad política.
De hecho, la Diputación Permanente del Congreso de losDiputados tiene previsto convalidar mañana cuatro decretos sobre: parámetrosretributivos del sector eléctrico; la organización de la Cumbre contra elCambio Climático; medidas sobre administración digital y contratación en elsector público; o la paga de diciembre de los pensionistas. El Congreso de losDiputados además estará en plenas funciones a partir del próximo día 3 dediciembre.
Por eso, CSIF afirma que “no vamos a tolerar que lostrabajadores paguemos el pato, de nuevo, ni que nuestras condiciones laboralesse vean perjudicadas por la falta de acuerdo para formar un Gobierno estable.El panorama es aún más preocupante si consideramos que los empleados públicostodavía arrastramos una pérdida de poder adquisitivo cercano al 20 por ciento,pese a que hemos sostenido sobre nuestros hombros el funcionamiento del Estadodurante la crisis con profesionalidad”.
Medidas de presión y deterioro de los servicios públicos
En las últimas semanas, distintos organismos nacionales einternacionales han rebajado sus previsiones de crecimiento para España en 2020,y han alertado sobre un deterioro en la creación de empleo, una situación aúnmás grave en el actual escenario de incertidumbre política, y sobre el que CSIFquiere dar la voz de alarma.
Las movilizaciones de este jueves -frente a las delegacionesy subdelegaciones del Gobierno de todo el país- continuarán con más medidas depresión, remarca CSIF, si el Gobierno no ejecuta lo pactado en el II Acuerdo demejora en el empleo público y de condiciones laborales para todos losempleados/as públicos.
CSIF quiere, también, poner el foco en la situación dedeterioro que afrontan los servicios públicos por la parálisis del Gobiernocentral, que se traslada al resto de administraciones públicas. Así, se lamentael parón existente en las convocatorias de empleo público, que está provocandouna alta temporalidad, precariedad y la falta de plantillas. Sólo se hanllevado a cabo el 20 por ciento de las convocatorias para las 250.000 plazasacordadas en 2017.
En la Sanidad se han destruido 50.000 empleos en los últimosdos meses, coincidiendo con la llegada de las bajas temperaturas. Hay situacionesde saturación en urgencias hospitalarias y centros de salud, y listas de esperadiagnóstica y para intervenciones. A lo que hay que añadir el retraso en lasofertas de empleo público.
En Educación también hay una gran inestabilidad laboral eincertidumbre con las titulaciones al final de etapa, y no se están negociandocuestiones esenciales como los horarios lectivos o las ratios de alumnos pordocente.
En Justicia, la parálisis del Gobierno ha bloqueado lanegociación colectiva; y en ámbitos como la homologación salarial o lasguardias, se acumulan los expedientes (como los derivados de las cláusulassuelo), y se producen retrasos porque se ha frenado la apertura de nuevosjuzgados. Además, está pendiente la renovación del CGPJ.
Por último, coincidiendo con la semana del 25N, CSIF llamala atención sobre las políticas de lucha contra la violencia de género, con lacongelación de recursos, prórrogas presupuestarias y freno al Pacto de Estado.