El Consejo de Cuentas recomendó a todos los ayuntamientos y diputaciones de Castilla y León que actúen “con una especial responsabilidad fiscal” en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2023 y en la aprobación de sus cuentas de 2024, teniendo en cuenta la perspectiva de “recuperación de un escenario de estabilidad presupuestaria y regla de gasto”.
El órgano de fiscalización entregó en las Cortes de Castilla y León el informe “Análisis del impacto en la situación económico-financiera del sector público local de Castilla y León de la suspensión de las reglas fiscales, ejercicios 2018-2021”. El estudio, recogido por Ical, señala que los niveles de endeudamiento de las principales entidades locales de Castilla y León no aumentaron pese al impacto de la Covid y la derivada suspensión de las reglas fiscales por parte del Gobierno, manteniéndose dentro de los límites de la normativa reguladora de las haciendas locales,
Esta institución propia remarca que con carácter general, a pesar de la suspensión de las reglas fiscales, las entidades locales actuaron “con responsabilidad fiscal en la ejecución de los presupuestos de 2020 y 2021”. “Mayoritariamente, en estos años, se ha generado capacidad de financiación y se han cumplido los plazos de pago a proveedores”, resume.
El endeudamiento de las diputaciones disminuyó, con carácter general en 2020 y lo hizo también en 2021 en la mayor parte de ellas. La deuda de las diputaciones con respecto a sus ingresos se situó en niveles muy moderados a fin del ejercicio 2021, que van desde el cero por ciento de la de León, Soria y Zamora y el 1,1 por ciento de la de Salamanca, al 32,8 por ciento de la de Burgos, muy lejos en todo caso de los límites legalmente previstos.
En cuanto a las capitales, su endeudamiento disminuyó, con carácter general, en 2020 y también en 2021 en la mayor parte de ellas, si bien dos lo aumentaron sustantivamente. La deuda con respecto a los ingresos al cierre de 2021 se sitúa entre el cero por ciento del Ayuntamiento de Zamora o el 31,1 por ciento del de Burgos, al 98,8 por ciento del Ayuntamiento de León. No obstante, la deuda del Ayuntamiento de Burgos, con sus consorcios adscritos, se situaría en torno al 98 por ciento. Todas se sitúan por debajo del límite de deuda y, salvo en el caso de Burgos y León, por debajo del 75 por ciento de los ingresos, límite a partir del cual se requiere autorización para concertar operaciones de crédito a largo plazo.
Por último, en relación a los ayuntamientos mayores de 10.000 habitantes no capitales de provincia, el endeudamiento financiero disminuyó, con carácter general, en el ejercicio 2020 y lo hizo también en 2021 en la mayor parte de ellos.
La deuda con respecto a sus ingresos a finales de 2021 se sitúa en niveles que van desde el cero por ciento de Ciudad Rodrigo al 227,9 por ciento de San Andrés del Rabanedo. Todos, salvo este último, que no podría concertar nuevos créditos a largo plazo, se sitúan por debajo del límite de deuda y por debajo del 75 por ciento de los ingresos, limite a partir del cual se requiere autorización para concertar operaciones de crédito a largo plazo.
En este sentido, la segunda recomendación del informe se dirige al Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, que “debería reducir su nivel de endeudamiento, destinando a ello una parte de su remanente de tesorería para gastos generales, en un marco plurianual”.
