Uno de cada diez castellanos y leoneses (9,4 por ciento) se encuentra actualmente en situación de exclusión social severa, mientras que un 8,4 por ciento lo están de forma moderada. En total, un 17,9 por ciento de la población que estaba en este escenario en 2021, lo que supone 4,4 puntos más que en 2018, cuando el porcentaje era del 13,5 por ciento. Trasladado a cifras absolutas y teniendo en cuenta los datos del padrón continuo conocidos este lunes, esto significa que algo más de 425.000 personas de Castilla y León está en situación de exclusión social, 224.000 de ellos de carácter severo.
Es una de las conclusiones de ‘Evolución de la cohesión social y consecuencias de la COVID-19 en España', la radiografía social que ha provocado la crisis del coronavirus elaborada por Cáritas y la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de la Sociología Aplicada), y que se presentó este martes en Madrid. De hecho, según estos datos, la crisis social generada por la pandemia ha golpeado directamente a las clases más bajas.
En el caso de Castilla y León crece el porcentaje de población afectada por problemas en casi todas las dimensiones —salvo la educación y la salud—, si bien ese incremento es muy superior al del conjunto del país únicamente en el caso de las dimensiones política y de aislamiento social. El mayor incremento se produce en el caso de la exclusión del empleo, que crece en casi diez puntos porcentuales, debido al incremento en el porcentaje de hogares cuya persona sustentadora principal está en paro desde hace un año o más o en situación de inestabilidad laboral grave.
Así, un 9,2 por ciento se vio obligado a acudir a familiares y entidades para conseguir ropa, alimentos e incluso pedir dinero (el doble que en el anterior informe, que fue del 4,5 por ciento), lo que resalta el golpe de la pandemia, mientras que un 0,4 por ciento está afectado por falta de fuente de energía de forma habitual, nueve décimas menos, a pesar del incremento del precio de la luz.
Entre otras características, en Castilla y León más de la mitad de los hogares en situación de exclusión social (53,2 por ciento) están sustentados de forma principal por miembros de nacionalidad extranjera. Otro de los puntos que más preocupa es que casi uno de cada cinco (17,5 por ciento) cuenta con menores de edad, y un 24 por ciento, con jóvenes de entre 18 y 29 años. También, una cuarta parte de los hogares en este escenario está sustentado económicamente por una mujer y un 85 por ciento por personas en paro. En un 5,6 por ciento de ellos reside al menos un mayor de 65 años y uno de cada tres son hogares monoparentales.
En España, la tasa de exclusión es superior a la media de la Comunidad. Así, pasó del 18,4 por ciento de españoles en exclusión social hace cuatro años al 23,4 por ciento de 2022, es decir, 5,1 puntos más. Cataluña muestra los datos más disparados en este sentido durante la pandemia, al pasar del 16,8 al 29,1 por ciento en solo tres años, 12,3 puntos más.
El informe constata que las tasas de exclusión más elevadas se dan las comunidades mediterráneas y Canarias, mientras que las más reducidas son las del centro y el norte de la Península, con especial incidencia en Asturias, País Vasco y Castilla y León.
Igualmente, el documento evidencia que frente al 17,9 por ciento de población en exclusión social, ya sea severa o moderada, hay un 82,1 por ciento de habitantes que se encuentran integrados. Si se ahonda en estos datos, el 49,7 por ciento de los residentes en Castilla y León (49,7 por ciento) se beneficia de una integridad plena, mientras que un 32,4 por ciento, integración precaria.
Solo dos comunidades autónomas tienen un porcentaje de integración plena mayor que el de Castilla y León: País Vasco, con el 57,7 por ciento de su población, y Asturias, con el 54,9. La media nacional en este criterio es del 42,2 por ciento, mientras que para la integración precaria es del 34,4 por ciento.
Riesgo de pobreza
Además del porcentaje de población en situación de exclusión social, hay otro porcentaje incardinado en el riesgo de pobreza. Es decir, que hay otro 27,8 por ciento de castellanos y leoneses que está muy cerca de caer en ese escenario de pobreza, un dato que supone 6,4 puntos más que en 2018.
Otro dato relevante es la presencia de rentas mínimas en las comunidades autónomas. En Castilla y León actualmente se contabilizan, según el informe, 11.526 rentas mínimas y otras 15.685 correspondientes al Ingreso Mínimo Vital (con fecha de septiembre de 2021), aprobado al inicio de la pandemia. Las primeras han sufrido un descenso de alrededor de 1.500 prestaciones, si bien las segundas se han duplicado desde diciembre de 2020. Los descensos más significativos de rentas mínimas se dan, precisamente, en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Ceuta y Melilla, si bien el informe matiza que “resulta difícil saber si se deben al trasvase de perceptores de una a otra prestación, a problemas de gestión durante la pandemia o a cambios en la correspondiente prestación autonómica”.
