Educación iniciará antes del verano la revisión de las ratios en el ciclo 0-3 años tras la presión sindical

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha anunciado este martes que antes del verano comenzará la revisión del Real Decreto que regula, entre otros aspectos, la organización del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años), con la posibilidad de introducir cambios en las ratios de alumnado por aula.

La decisión llega tras “escuchar y valorar” las reivindicaciones de profesionales del sector, que desde hace años reclaman una reducción de alumnos por educador para mejorar la calidad educativa y favorecer una atención más individualizada.

El objetivo, según el Ministerio, es avanzar hacia un modelo con mejores condiciones de atención en la etapa más temprana del sistema educativo.

La ministra del ramo, Milagros Tolón, se ha reunido con representantes de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, a quienes ha trasladado su disposición a dar respuesta a una demanda que el colectivo mantiene desde hace años, especialmente en la Comunidad de Madrid.

Por su parte, el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha subrayado la voluntad de diálogo del Ministerio y el compromiso de negociación con el sector. El departamento insiste en la importancia de atender las demandas de los profesionales de la etapa 0-3 años, clave en el desarrollo educativo temprano.

No obstante, Educación recuerda que, mientras no se modifique la normativa estatal, la regulación de las ratios sigue siendo competencia de las comunidades autónomas, y señala que no actuar en este ámbito “responde exclusivamente a una falta de voluntad política”, en referencia a algunos gobiernos regionales.

En paralelo, las federaciones de Enseñanza y de Servicios a la Ciudadanía de CCOO han presentado movilizaciones de ámbito estatal en defensa de mejoras laborales y educativas en el sector de la educación infantil, tanto en centros públicos como privados.

El debate sobre las ratios en 0-3 años vuelve así al centro de la agenda educativa, con presión sindical y apertura a cambios normativos por parte del Gobierno.