Los ayuntamientos y diputaciones de Castilla y León podrán recibir 406,9 millones de euros de remanentes de Tesorería para gastos generales, en base a las cantidades que acreditaron en 2019, si se suman al fondo de 5.000 millones aprobado por el Real Decreto-Ley 27/2020 de 4 de agosto tras el acuerdo del Ministerio de Hacienda con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que podrán dar salida a parte del dinero que las entidades locales no pueden gastar desde 2012.
El delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, recuerda que esos fondos están retenidos desde hace ocho años a raíz de la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
En su opinión, el acuerdo alcanzado con la FEMP es, a todas luces, positivo, puesto que permite mejorar la financiación de ayuntamientos y diputaciones, poniendo en sus manos importantes cantidades que podrán destinar a gastos que revertirán directamente en la ciudadanía, relacionados con el medio ambiente y la movilidad sostenible, refuerzo de los servicios sociales y en promoción de la cultura, por ejemplo, un sector fuertemente castigado por la crisis del coronavirus y que ahora lo necesita más que nunca.
El delegado entiende que quien se opone a ratificar el acuerdo, que se vota mañana, jueves, en el Congreso de los Diputados, demostrará una única intención, que no es otra que la confrontación gratuita con el Gobierno, a costa de perjudicar a ayuntamientos y diputaciones y en consecuencia a la ciudadanía, a la que revertirán esas cantidades de forma directa.
En definitiva, señaló Izquierdo, “la alternativa a la propuesta del Ministerio, es básicamente, cero”, puesto que si no sale adelante, las entidades locales no podrán disponer de un solo euro de esos fondos, y en consecuencia, por tanto, se frena un importante impulso a la economía local.
Acogerse es voluntario
La Participación en el Fondo será proporcional a la cantidad de los remanentes voluntariamente aportados por cada entidad al préstamo a la Administración General del Estado, que esta devolverá íntegro en un plazo de 15 años, de modo que, de esos 5.000 millones que el Estado transfiere a fondo perdido (2.000 millones en 2020 y otros 3.000 en 2021), quienes participen se asegurarán una cantidad mínima de “la tarta que va a repartirse”, el 35% al menos de la que hayan acreditado, que puede ser mayor si no participan todos.
Otras medidas
El acuerdo con la FEMP prevé asimismo que la aplicación de la regla de gasto (una forma de controlar el equilibrio presupuestario, de manera que el gasto público se mantenga en los márgenes de los ingresos esperados) queda suspendido durante 2020, así como que los remanentes de 2019 se puedan destinar para financiar gastos en 2020 siempre que se cumplan los criterios de estabilidad presupuestaria.
No están incluidas en estas cantidades las correspondientes al Fondo de transportes, otra inyección de hasta 400 millones de euros con la que el Estado pretende compensar a los ayuntamientos por la caída de ingresos del transporte público colectivo urbano durante el estado de alarma, así como el déficit que se produzca hasta final de 2020 por reducción de ingresos y costes extraordinarios provocados por la COVID. En virtud de ese fondo, las entidades recibirán hasta el 33% de los ingresos por tarifa correspondientes a 2018 que puedan acreditar.
