Dado que los colectivos sociales y en riesgo de exclusión son los más vulnerables en esta crisis provocada por el coronavirus, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades quiere lanzar un mensaje tranquilizador a toda la población garantizando el pago de todas las prestaciones, como Renta Garantizada de Ciudadanía, dependencia en todos sus servicios, pensiones no contributivas (PNC), etc.
Además, y en aras a prestar la mejor atención a todos los que lo necesiten, se mantienen activos en todas las provincias los servicios a mujeres víctimas de violencia de género, menores en situación de desamparo, menores infractores, así como el ingreso urgente a personas mayores y/o con discapacidad.
Todo ello con una dedicación especial a las personas mayores, que como se está poniendo de manifiesto, son las más vulnerables en toda esta crisis. Así, se mantienen activos y con todas las garantías y medidas de protección, tanto para los usuarios como para los trabajadores, los centros residenciales de personas mayores, personas con discapacidad, menores de protección, menores infractores y mujeres víctimas de violencia de género.
Prestaciones económicas garantizadas
En cuanto a garantizar las prestaciones, la Renta Garantizada de Ciudadanía y la dependencia son, sin lugar a dudas, las que afectan a más usuarios, que han de estar tranquilos porque recibirán puntualmente su prestación. En el caso de la RGC, a 31 de marzo de 2020, el número de titulares es de 9.153, que recibirán en su conjunto casi 4,87 millones de euros en concepto de nómina mensual, ya que el presupuesto anual asciende a más de 79 millones de euros.
Por otra parte, para el sistema de Dependencia en Castilla y León, que atiende a cerca de 105.000 personas con más de 140.000 prestaciones, la Junta de Castilla y León destina anualmente más de 569 millones de euros, en los que están incluido el personal de las prestaciones de Asistente Personal, Ayuda a domicilio y Teleasistencia.
Finalmente, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades garantiza la prestación económica de otros derechos como son las Pensiones no Contributivas, las de la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI) y las prestaciones del Fondo de Asistencia Social (FAS), que suponen mensualmente algo más de 102.000 euros.
Centros y servicios activos
En cuanto a la garantía de la prestación de servicios de atención y la actividad de los centros residenciales, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades mantiene activos servicios en todas las provincias, dirigidos a las personas más vulnerables. Es el caso de las mujeres víctimas de violencia de género, que son una prioridad para la Junta de Castilla y León y, por ello, se ha implantado un modelo de atención integral a las víctimas de la violencia en red, impulsado por el Gobierno autonómico.
Para todo lo relacionado con la lucha contra la violencia de género, se destina un presupuesto de 4,65 millones de euros y actualmente se encuentran activos 17 Centros de acogida para víctimas, que en 2019 alojaron a 481 personas, así como otros recursos habitacionales para víctimas especialmente vulnerables, como por ejemplo las que además de ser víctimas de violencia de género tienen discapacidad por enfermedad mental.
Además de a las víctimas de violencia de género, se atiende a los menores en situación de desamparo y se garantiza el ingreso urgente, en un centro, de las personas mayores y con discapacidad.
En cuanto a los centros residenciales, se mantienen activos 698 de personas mayores, con más de 48.000 plazas, más de 500 residencias y viviendas para personas con discapacidad, con casi 7.100 plazas.
También están activos los 56 centros de protección de menores, que tienen ocupadas 575 plazas, mientras que los 8 centros destinados al cumplimiento de medidas de internamiento para menores infractores tienen ocupadas 122 plazas.
Finalmente, las personas con problemas de drogodependencia también cuentan con garantía de atención por parte de la Junta de Castilla y León. Actualmente, son 226 las personas que son atendidas por este problema y durante el estado de alarma, los centros ambulatorios prestan servicios de atención telefónica o a distancia a los pacientes drogodependientes, quedando la atención presencial como algo excepcional, reservada únicamente para atender las necesidades clínicas más urgentes y extremando las precauciones en medidas higiénicas.
La recogida de metadona para las personas que reciben este tratamiento se realiza evitando las concentraciones de pacientes y aumentando las dosis de medicación para llevar a casa, garantizando el adecuado tratamiento y las condiciones de seguridad.
