El gerente de Servicio Público de Empleo, Álvaro Ramos-Catalina Ysasi, afirmó hoy que en 2022 fueron 17 los programas no convocados y no solo los cuatro de los que los sindicatos “hacen campaña” porque eran perceptores para la puesta en marcha de servicios públicos y suponen “una pérdida de ingresos” para sus organizaciones.
“El Diálogo Social no es para financiarles, sino para que presten unos servicios a los ciudadanos por ejecutar políticas públicas”, argumentó Ramos-Catalina en su comparecencia a petición propia y de Vox para exponer la Memoria del Ecyl de 2022 ante la Comisión de Industria, Comercio y Empleo de las Cortes, donde volvió a defender el recorte de ayudas a sindicatos y patronal por entender que era “gasto superfluo”.
Poco antes, la socialista Alicia Palomo acusó a la Consejería que dirige Mariano Veganzones de “desmantelar” el Ecyl con la supresión de programas que “funcionaban” y gestionaban los agentes sociales. En la misma línea, se manifestó Francisco Igea (Grupo Mixto), que le preguntó directamente si era “superfluo” los 88 millones a CEOE de los que salía su nómina como directivo de la patronal.
“Sí algo lo podemos hacer con nuestros miembros, no son necesarias subvenciones a elementos altamente ideologizados, apoyados por determinados partidos, que viven del cuento”, afirmó el procurador de Vox Miguel Suárez, que defendió por transparencia la comparecencia del gerente del Ecyl, afeada por la oposición por presentar una Memoria de 2022 cuando el actual titular de ese servicio aun no estaba en el cargo.
La popular Paloma Vallejo respaldó el ahorro de gasto superfluo, como calificó el gerente la reducción de subvenciones a los agentes sociales en base al acuerdo de gobierno de PP-Vox, y preguntó sí también éste afecta a la patronal, a lo que Ramos-Catalina respondió que así es, que afecta a sindicatos y CEOE.
En la comparecencia, Igea censuró que el gerente calificara de “paguitas”, en su anterior comparecencia, el Ingreso Mínimo Vital y la Renta de Ciudadanía y consideró que tal calificativo se debe a que el gerente no ha estado en una situación de precariedad laboral. “Son un avance social, me felicito de que haya ese instrumento”, sostuvo.
Paloma Vallejo manifestó que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha hablado de “paguitas” y “no pasa nada”. Por su parte, el gerente afirmó que le “llama la atención” que se valore el aumento de perceptores del Ingreso Mínimo Vital, una ayuda estatal, cuando lo que se debe hacer es que las personas accedan a un “trabajo digno, y no tengan que pedir ayudas”.
Alicia Palomo replicó que el Gobierno “se enorgullece” no por más perceptores, sino por el aumento de los afiliados a la Seguridad Social, que han superado los 21 millones de personas, y defendió ese instrumento para que nadie se quede atrás en una situación de precariedad.
Ejecución
Sobre la Memoria de 2022, Ramos-Catalina explicó que, pese a la convocatoria de elecciones en febrero de ese año y de tener que elaborar las bases de los planes de formación por la reforma laboral, se convocaron 53 medidas para proteger el empleo en la Comunidad y se movilizaron 273 millones, un 18 por ciento más que en el ejercicio anterior para las políticas activas de empleo.
También, se refirió a 59 millones que han permitido la contratación de 5.300 desempleados por parte de las entidades locales, a otros 53 millones para la formación de desempleados con carácter plurianual. “Las políticas del Ecyl están en un proceso de mejora”, aseveró, para subrayar el trabajo de la plantilla de mil empleados del Servicio Público de Empleo y las 54 oficinas en la Comunidad.
Después de recalcar que la disminución de subvenciones a agentes sociales se acordó para “no duplicar” trabajos que se pueden hacer desde la administración, el debate se centró en la critica de la oposición a la falta de ejecución de las partidas para las políticas activas de empleo.
“Esta Memoria es un dislate y un despropósito”, resumió la socialista, que subrayó que se recibieron 115 millones del Gobierno para el Ecyl y se dieron de baja créditos por importe de 99 millones. Igea, que recordó los nombramientos y ceses en la Consejería, también se refirió a 131 millones sin ejecutar de las operaciones de capital, a lo que el gerente admitió baja ejecución en algunos programas que atribuyó a determinadas circunstancias externas.
La socialista indició en que no coinciden los datos de la Memoria con la liquidación presentada en los presupuestos por parte de la Consejería de Economía y Hacienda e Igea también añadió que Carlos Fernández Carriedo puede no decir en algunos casos la verdad pero “no miente”. Al respecto, el gerente explicó que la ejecución de la mayoría de los programas tienen una proyección plurianual y otros son fondos finalista que se generan al año siguiente.
