La Mesa de las Cortes de Castilla y León rechazó hoy admitir a trámite el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, registrado el pasado 15 de octubre. La decisión sigue el informe jurídico elaborado por la letrada mayor, Laura Seseña, que señalaba dos irregularidades: la ausencia de aprobación del acuerdo que fija el límite de gasto no financiero y la inclusión de una sección 20 no avalada por la Cámara.
Se trata de un hecho sin precedentes en la historia de Castilla y León, al devolver el parlamento unas cuentas al Ejecutivo por no ajustarse a la legalidad.
En la votación de la Mesa de las Cortes, PSOE y Vox, con tres votos, respaldaron el informe de la letrada y la decisión de no admitir el proyecto a trámite, mientras que PP, con dos votos, se opuso al informe y defendió que el proceso parlamentario continuara.
La decisión se adoptó durante una reunión de la Mesa, que comenzó a las 10:30 horas, con la participación del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, los vicepresidentes Francisco Vázquez y Ana Sánchez, y los secretarios Rosa María Esteban Ayuso y Fátima Pinacho.
Con esta resolución, la Junta de Castilla y León deberá presentar un nuevo proyecto de ley de presupuestos una vez se apruebe el acuerdo que fije el ‘techo de gasto’, previsto para mañana, y cuando la Mesa adopte la propuesta presupuestaria correspondiente para el parlamento y sus instituciones propias, como el Consejo de Cuentas, el Consejo Consultivo, el Procurador del Común y el Consejo Económico y Social (CES).
Esta situación marca un hito en la historia legislativa de la comunidad y subraya la importancia de cumplir los procedimientos legales antes de iniciar la tramitación parlamentaria de las cuentas públicas.
