Castilla y León es uno de esos territorios que, a pesar de los buenos resultados de los últimos años en cuanto a saldo demográfico, envejecen y acusan tanto una profunda dispersión de su población como un progresivo vaciamiento de las zonas rurales que provoca desequilibrios demográficos. Una sexta parte del total de las regiones de la Unión Europea cuenta con una población en retroceso que constituye el inicio de una crisis demográfica que afecta a buena parte del continente.
Por esas razones, la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha defendido, durante una audiencia pública sobre despoblación celebrada hoy en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, una estrategia global para hacer frente a la despoblación, la dispersión y el envejecimiento basada en una visión amplia, participativa, coordinada e integradora. Esto se traduce en la necesidad de abordar una Política de Cohesión para después de 2027 que ponga el foco de manera directa en el medio rural de las regiones más despobladas, estableciendo líneas de financiación específicas y que dote a estos territorios de una mayor autonomía a la hora de gestionarlos.
Distintas personalidades del ámbito universitario y de la política han analizado, en la jornada que ha tenido lugar hoy en el Parlamento Europeo, los retos para hacer frente a la despoblación en Europa, especialmente en las zonas rurales. Durante su turno de palabra, la también consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha reclamado que las regiones deben ser las verdaderas protagonistas en la ejecución de las medidas derivadas de la Política de Cohesión, puesto que son las que conocen tanto las fortalezas como las debilidades del territorio y tienen el bagaje suficiente para gestionar los fondos. Aunque existan objetivos generales de la Unión Europea, ha añadido, las regiones deben tener la libertad de adaptar los proyectos a sus necesidades locales específicas, a través de una estrecha colaboración con las entidades locales.
Además, Isabel Blanco ha incidido en la importancia de la Política de Cohesión en un contexto de incertidumbre, crítico y difícil debido a los aranceles que aplicará Estados Unidos a la Unión Europea, que afectan, ha dicho, a un sector estratégico de la economía de Castilla y León como es el agroalimentario, que fija población en el medio rural porque el empleo que genera no se puede deslocalizar. Se trata de un ámbito productivo elemental para la economía de la Comunidad —es la tercera industria de España en agroalimentación— y, por tanto, para su evolución demográfica. Por eso, una descentralización del fondo de cohesión que permita a las regiones hacer frente a sus necesidades puede implicar que, en este escenario, Castilla y León pueda apostar por la modernización de las explotaciones agrarias y ganaderas, por el relevo generacional o por las infraestructuras hídricas, en aras de poder hacer frente a la situación arancelaria y evitar una mayor sangría de población en el medio rural.
La vicepresidenta ha puesto de manifiesto que el envejecimiento y, por tanto, una reducción de la población en edad de trabajar, puede afectar de manera directa al crecimiento económico, pero también a los sistemas de protección social, ya que, además, los servicios públicos se encarecen de manera importante en el medio rural y especialmente si la población está envejecida.
Castilla y León como ejemplo
Durante su intervención, Isabel Blanco ha puesto en contexto a los asistentes y participantes en la jornada desgranando lo que supone el reto demográfico para Castilla y León, una comunidad autónoma muy dispersa —2.248 municipios, el 94 % con menos de 2.000 habitantes y con un 36 % de su población residente en el medio rural—, cuyos pueblos se vacían progresivamente y con una tasa de envejecimiento del 25,1 %, cinco puntos por encima de la media europea.
Estas características demográficas suponen un desafío técnico y financiero para la Comunidad, ha explicado la vicepresidenta, puesto que la prestación de servicios en el ámbito rural es un 52 % más caro —la ayuda a domicilio para personas dependientes lo es un 78,5 %—. En cuanto al sector educativo, el coste anual de la educación primaria es un 33 % más costosa en los pequeños municipios de acuerdo con la OCDE, mientras que, en lo que respecta al ámbito sanitario, el gasto de una persona mayor de 75 años multiplica por siete el de un adulto más joven.
Aun así, Blanco ha recalcado que Castilla y León es líder tanto en la gestión de los Servicios Sociales como de la atención a las personas en situación de dependencia; que en educación, según el informe Pisa, se encuentra a la vanguardia de España y de Europa, y que su sistema sanitario es el segundo mejor valorado por los usuarios.
En este sentido, ha especificado las políticas que la Junta de Castilla y León aplica en el medio rural y que han logrado, a pesar de los obstáculos demográficos y territoriales, que la Comunidad haga frente al gran reto. Es el caso, en educación, del mantenimiento de los centros educativos en los municipios con tres alumnos y las ayudas tanto para hacer retornar o retener el talento, pero también el fomento de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres.
También se apoya a las familias, tanto para impulsar la natalidad como para favorecer la conciliación, y se ha apostado de manera decidida por prestar un servicio sanitario de atención primaria de calidad —incluidas unidades de salud mental— también en los municipios más pequeños. En cuanto a la atención de los colectivos más vulnerables como son las personas en situación de dependencia, la Junta invierte en tecnología e innovación social para que el sistema de cuidados llegue a todo el territorio y cumpla con las expectativas de los usuarios.
En cuanto a dinamización económica y creación de empleo, la vicepresidenta ha insistido en que el Gobierno autonómico apuesta por estimular los sectores con mayor potencial del medio rural, como el primario —agricultura y ganadería— o la industria agroalimentaria, así como el sector forestal y también el turismo.
Para facilitar el crecimiento económico y la creación de empleo en estas zonas, se antoja necesario, ha añadido, aplicar una fiscalidad favorable a las inversiones en el medio rural, mejorar las infraestructuras, especialmente la creación de vivienda y en transformación digital —extensión de internet a todos los rincones—, y mejorar la movilidad de los ciudadanos, como sucede con iniciativas pioneras como el transporte a la demanda.
La vicepresidenta de la Junta ha señalado que el resultado de todas estas políticas se traduce en que la Comunidad ha experimentado un saldo migratorio positivo de 22.300 residentes más en los últimos tres años.
