Una reunión “cordial” para “trasladar los problemas de Castilla y León, lo que nos preocupa”. Así definió la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, Isabel Blanco, el encuentro que mantuvo en Madrid con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, la primera cita entre ambos desde que el dirigente de Sumar accediese al Gobierno. En esta “toma de contacto”, la consejera de la Junta trasladó al ministro cuestiones como por ejemplo “la tramitación de los fondos europeos, la financiación de la dependencia y la tramitación del Baremo de Discapacidad”.
En cuanto a la financiación de la dependencia, la Junta insistió en la “necesidad” de llegar al 50 por ciento de financiación por parte del Estado, ya que actualmente se encuentra “en torno a un 36 o 37 por ciento”. Aunque el porcentaje “se ha ido incrementando a lo largo de los años”, no se ha alcanzado ese 50 por ciento “que marca la ley”, según recordó la consejera que avanzó que el ministro confesó “que ahora mismo “no hay presupuesto para ese incremento”, aunque se comprometió a “estudiar” este tema.
No hay que olvidar, en este sentido, que el Gobierno anunció la pasada semana su intención de prorrogar los Presupuesto Generales del Estado al no tener garantizado el apoyo del Congreso de los Diputados a unas nuevas Cuentas Públicas para 2024. Una circunstancia que puede afectar a la financiación de todos los ministerios.
“Le hemos planteado al ministro qué va a pasar con la financiación y con los fondos que estaban comprometidos y si existe alguna manera de articular un incremento de la financiación en este ámbito teniendo en cuenta que los Presupuestos se van a prorrogar”, detalló la consejera de la Junta que insistió en que desde Castilla y León quieren saber “por ejemplo, qué va a pasar con los convenios que están cerrados y solo están pendientes de firma”. “¿Se va a dar continuidad a los proyectos o no?”, se cuestionó Blanco antes de hacer hincapié en que “ha sido el Gobierno quién decide no presentar los Presupuestos”, por lo que a su juicio “es el Gobierno quién debe explicar por qué no se presentan”.
En lo referente a la tramitación del nuevo Baremo de Discapacidad, Blanco recordó que el Ejecutivo central “ya advirtió vehementemente” que el cambio del anterior sistema al nuevo “podía conllevar retrasos en la valoración de las personas con discapacidad y así está ocurriendo”. “Entendemos que tiene que ser más ágil el Ministerio para que todo llegue en forma y plazo, sobre todo cuando hablamos de temas tan sensibles como es la dependencia o la atención a las personas con discapacidad”, subrayó la consejera.
