Hace ocho años que se estableció entre la Junta de Castilla y León y el Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla y León (Cermi Castilla y León) el diseño de un nuevo modelo de atención a las personas con discapacidad que se ha ido implantando a lo largo de estos años, en una intensa y fructífera colaboración, en los que también se han producido importantes avances técnicos, de profesionalización y legislativos, en la atención a las personas con discapacidad.
De estos avances, destaca el trabajo realizado en dos proyectos legislativos que se encuentran ya en el Consejo Consultivo, paso previo a ser aprobados por el Consejo de Gobierno, para su inmediata tramitación parlamentaria, y que van a suponer un impulso significativo en el avance de los derechos y la protección de las personas con discapacidad y dependientes: el anteproyecto de Ley reguladora del modelo de atención en los centros de carácter residencial y centros de día para cuidados de larga duración en Castilla y León; y el anteproyecto de Ley de apoyos al proyecto de vida de las personas con discapacidad en Castilla y León.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha subrayado hoy que la Junta sigue profundizando en esa colaboración con Cermi durante la firma de un acuerdo para actualizar el Protocolo para la Mejora del Modelo de Atención a las Personas con Discapacidad, con el fin de asegurar sus derechos y alcanzar las mayores cotas de bienestar social que sean posibles.
Este nuevo protocolo tiene como objetivos fundamentales avanzar en el modelo de atención centrado en la persona, dotando a las personas con discapacidad de la mayor autonomía posible, a lo largo de toda su vida, promoviendo su derecho a la toma de sus propias decisiones; garantizar los apoyos que necesite -en vivienda, empleo, asistencia personal, etc.-; potenciar la innovación de productos y servicios, con la implicación del usuario; avanzar en el desarrollo de la Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica; planificar su integración y participación social; impulsar medidas de mayor profesionalización en la gestión de las entidades; y profundizar en medidas de buen gobierno y transparencia de las entidades.
Esta mejora del modelo de atención se acompañará, por parte de la Junta de Castilla y León, de un esfuerzo presupuestario con un incremento del precio de los conciertos para personas con discapacidad, de un 8 % para centros de día y residencias y de un 9 % en viviendas, que afectará a 7.047 plazas concertadas para personas con discapacidad -1.957 en residencias, 962 en viviendas y 4.128 en centros de día-. Esta medida supondrá un incremento en la financiación de la concertación para personas con discapacidad de cerca de 5 millones de euros, alcanzando este año los 96 millones de euros en concertación.
Evaluación del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2016-2020
El eje principal del nuevo modelo será el futuro Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, para cuya elaboración han sido determinantes los resultados de la evaluación del anterior plan, aprobado hace seis años, que respondía al compromiso del Gobierno autonómico con el apoyo y la atención a las personas con discapacidad, instrumento a través del que se impulsó el modelo de atención acordado con CERMI un año y medio antes.
Isabel Blanco ha recordado que el plan para 2016-2020 contó con 752 millones de euros, distribuidos entre todas las consejerías de la Junta, aunque el peso de su ejecución ha correspondido a la Gerencia de Servicios Sociales en un 91 %. El plan incluía 195 medidas distribuidas en once ejes estratégicos y de su evaluación se constata que la gran mayoría de medidas previstas han sido ejecutadas total o parcialmente, un dato especialmente reseñable teniendo en cuenta la paralización generada por la pandemia del Covid-19.
En el periodo de vigencia del plan, por parte de la Gerencia de Servicios Sociales se ha ejecutado un total de 686 millones de euros, un 11 % más del presupuesto previsto, que se ha concentrado especialmente en tres ámbitos.
Por un lado, en apoyos para la autonomía de las personas en el hogar, con más de 330 millones, un 48 % sobre el total del presupuesto. Se trata de uno de los elementos más relevantes para conseguir una vida inclusiva en la comunidad. En este sentido, ha aumentado un 38 % el número de plazas en viviendas, un 3 % el número de personas con discapacidad que reciben apoyos en viviendas normalizadas, se ha dado soporte a través de viviendas de itinerarios a 102 personas con discapacidad en su proceso de emancipación y se han incrementado los servicios de asistencia personal un 400 %. Todas estas actuaciones garantizan que la persona con discapacidad pueda vivir de acuerdo con sus deseos en condiciones apropiadas y pueda decidir cómo, dónde y con quien quiere vivir.
Por otra parte, el 29 % del presupuesto se ha destinado a formación y empleo, lo que supone que se haya apostado con más de 198 millones de euros por los itinerarios de formación y empleo y la continuidad de la atención entre el sistema educativo y el de servicios sociales que garantice la integración social y laboral. Gracias a estas medidas, la tasa de actividad entre las personas con discapacidad en Castilla y León es del 36,5 %, tres puntos porcentuales por encima de la media nacional; han aumentado un 20 % las personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo y un 26 % las personas con discapacidad con empleo con apoyo en empresas del mercado ordinario. Además, 1.795 personas de media anual han tenido acceso al mercado laboral a través de los itinerarios de formación para el empleo.
Por último, al ámbito del envejecimiento activo se ha destinado el 18 % del presupuesto, 125 millones de euros que han servido para favorecer un envejecimiento satisfactorio de las personas con discapacidad.
El resultado global es que las actuaciones desarrolladas han hecho posible dar respuestas personalizadas, flexibles y dinámicas a las diversas necesidades de las personas con discapacidad y sus familias y se ha comprobado que lo que ha favorecido el éxito de estos resultados ha sido, principalmente, el enfoque basado en los derechos de las personas con discapacidad y una comunicación y coordinación fluida y directa entre la Administración pública y las entidades.
Nuevo Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2023-2026
Una vez concluida la evaluación del anterior plan, es necesario elaborar uno nuevo, en el que ya se está trabajando, y que cuenta, nuevamente, con la participación de las entidades del Tercer Sector a través de Cermi Castilla y León y de todas las consejerías de la Junta de Castilla y León.
La responsable de los Servicios Sociales en la Comunidad ha informado sobre los retos y desafíos para el futuro, que están siendo el punto de partida para la orientación estratégica del próximo plan. Ente ellos se encuentran reforzar la autonomía y empoderamiento de las personas con discapacidad desde la base del modelo centrado en la persona; lograr una sociedad más inclusiva; potenciar los servicios desinstitucionalizados y de base comunitaria en el marco de la Estrategia europea sobre los derechos de las personas con discapacidad para 2021-2030; favorecer una respuesta adecuada en la transición entre las diferentes etapas del ciclo vital; favorecer la accesibilidad universal de los servicios, productos y bienes, especialmente en la accesibilidad cognitiva y sensorial; superar la brecha digital; seguir mejorando el acceso al mercado laboral y modernizando los centros especiales de empleo; seguir abordando el envejecimiento de la población con discapacidad, sobre todo, sus efectos en el empleo, en una mayor fragilidad en la salud y en la atención a largo plazo ante las dificultades de los padres en continuar con el rol del cuidado; y mejorar la transversalidad de las políticas públicas y agilizar los sistemas de información y seguimiento.
Teniendo en cuenta estos retos, el nuevo Plan Estratégico ha establecido tres pilares fundamentales que son la autodeterminación de la persona y su proyecto de vida, una visión integral de la discapacidad que considera tanto a la persona y a la familia como al contexto de los entornos y la comunidad con los que interactúa y la orientación basada en la respuesta a las necesidades y lo importante para las personas con discapacidad a lo largo de las etapas del ciclo vital.
Incremento de las cuantías mínimas de las prestaciones de Atención a la Dependencia
El Gobierno de Castilla y León ha trabajado y trabaja para que el sistema de Atención a la Dependencia sea hoy más moderno, ágil, eficaz y sostenible, y que ofrezca una respuesta adecuada y personalizada a todas las personas dependientes la Comunidad.
Isabel Blanco ha explicado que, sobre todo, se está apoyando a las familias que atienden a las personas dependientes a través del incremento de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar, favoreciendo a las rentas más bajas, así como del incremento de las cuantías de las prestaciones económicas vinculadas para que las personas dependientes puedan acceder a los servicios que necesiten. Unas cuantías que se han ido incrementando en estos últimos años: en enero de este mismo año se incrementó en más de 10 % la prestación vinculada al servicio que es la que reciben las personas dependientes para pagar la residencia y otros servicios, por ejemplo, centros de día o la ayuda a domicilio.
La consejera de Familia ha anunciado que este miércoles, 5 de abril, se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León una nueva orden, con efectos a 1 de abril, por la que se incrementan las cuantías mínimas, tanto de la prestación de cuidados en el entorno familiar, como las de la prestación vinculada al servicio y de asistencia personal, que llegan hasta los 100 euros en grado I, a 150 euros en el grado II y a 200 euros en grado III. Además, se incrementan las cuantías máximas de la prestación de cuidados en el entorno familiar un promedio del 5 %, pasando de los 432 euros hasta los 455,4 euros en el grado III; de 300 a 315,9 euros, en el grado II; y de 170 a 180 euros en el grado I.
Estas mejoras en las cuantías económicas supondrán cada año una inversión de 24 millones de euros y beneficiarán a 32.000 personas dependientes.
Todo ello pone de manifiesto que Castilla y León es una Comunidad que cree y trabaja activamente por la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, para que puedan vivir una vida independiente, como ciudadanos de pleno derecho, en igualdad con el resto de las personas. Castilla y León cuenta, además, con un movimiento asociativo de la discapacidad muy activo, con muchos años de experiencia, del que Cermi es una buena muestra, y con el que, gracias a la intensa colaboración con la Junta, se ha ido dando respuesta a sus necesidades.
