La Junta de Castilla y León ha celebrado esta semana unas jornadas técnicas en las que se ha dado a conocer el nuevo sistema de inspección ambiental, por el que se regula el régimen de vigilancia, inspección y control de las actividades e instalaciones potencialmente contaminadoras en la Comunidad.
El encuentro, inaugurado por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández, contó con una amplia participación de profesionales y representantes de empresas industriales, gestores de residuos, cooperativas ganaderas y entidades acreditadas del ámbito ambiental.
Durante las jornadas se presentaron las principales novedades del nuevo marco normativo, que refuerza la protección del medio ambiente a través de un sistema más ágil, transparente y eficiente. El decreto introduce la figura de los Organismos de Control Ambiental Acreditados (OCAA), entidades que podrán colaborar con la Administración autonómica en la realización de actuaciones materiales de inspección, manteniéndose siempre la responsabilidad pública de la supervisión.
Desde la Junta se explicó que en 2026 comenzará el nuevo Programa de Inspección Ambiental regulado por este decreto. La Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental determinará qué instalaciones deberán someterse a inspección y con qué frecuencia, según su riesgo ambiental, comunicando con al menos cuatro meses de antelación a los titulares la obligación de contratar a un Organismo de Control Ambiental Acreditado (OCAA) habilitado por la Junta de Castilla y León.
Estos organismos actuarán en nombre de la Administración autonómica, por lo que los titulares deberán facilitar el acceso a las instalaciones, la documentación necesaria y la presencia de personal cualificado durante la visita. En caso de disconformidad con el informe emitido, los titulares podrán presentar alegaciones a través de la Sede Electrónica de la Junta de Castilla y León.
La Junta mantiene la garantía del proceso de inspección ambiental, desarrollando la planificación, la emisión del informe final, la exigencia de medidas correctoras, la apertura de expedientes sancionadores y la publicación de resultados, garantizando así la transparencia y el control público.
Este nuevo modelo simplifica los trámites administrativos, fomenta la corresponsabilidad de los agentes económicos, reduce los costes públicos y aplica el principio de “quien contamina paga”. Además, sitúa a Castilla y León entre las comunidades más avanzadas en materia de inspección ambiental, ocupando el tercer lugar en número de instalaciones sujetas a autorización ambiental y el segundo en relación con su población, con una instalación por cada 2.687 habitantes.
Asimismo, se recordaron otras iniciativas de sostenibilidad empresarial impulsadas por la Junta, como el Pacto por la Economía Circular, que promueve la transición hacia un modelo productivo sostenible, y el programa Ventana Abierta a la Sostenibilidad de Excelencia, que conecta a empresas comprometidas con centros de Formación Profesional.
Estas actuaciones reflejan el firme compromiso de la Junta de Castilla y León con la protección ambiental, la innovación sostenible y la colaboración público-privada, pilares fundamentales para avanzar hacia un desarrollo económico equilibrado y respetuoso con el entorno natural.
