El Consejo del Diálogo Social de Castilla y León, integrado por la Junta, la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), ha llegado un acuerdo, que se ha firmado este miércoles de manera virtual, en el que se impulsarán una serie de medidas extraordinarias con motivo de las crisis del coronavirus.
Tal y como aseguraba en rueda de prensa el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, desde la Junta se busca "amortiguar el impacto de la situación de alarma, en el empleo, la actividad económica y en tantos hogares a los que afecta".
Las medidas se dividen en cinco grandes bloques: medidas de protección y mantenimiento del empleo, medidas en materia de prevención de riesgos laborales, medidas de carácter financiero, servicios y medidas de refuerzo para la actividad empresarial y medidas de protección social. Así, la inversión sumará un total de 220.270.000 euros.
Medidas de protección y mantenimiento del empleo
Este paquete contará con una inversión de 67.950.000 euros. Se dividirá en dos partes: trabajadores y empresas. La primera (con 12.500.000 euros) tiene como objetivo compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Incluirá protección y ayudas a las personas trabajadoras, con medidas como compensación a los trabajadores afectados por ERTEs, ayudas a la conciliación y a los desempleados que no perciban ninguna prestación.
Las medidas de ayuda al fomento del empleo para empresas y autónomos (55.450.000) incluirán ayudas a la contratación de personas desempleadas por causa del COVID-19, ayudas a la inversión en la industria agroalimentaria de empresas afectadas en sus plantillas por el COVID-19 (una de las más incentivadas, con 35 millones de euros), ayudas a la reincorporación de autónomos que hayan cesado su actividad a causa del coronavirus, o ayudas al emprendimiento, entre otras.
Medidas en materia de prevención de riesgos laborales
Con una inversión de dos millones de euros, la intención es que las empresas puedan adoptar medidas extraordinarias que prioricen la máxima protección de la salud de los trabajadores, compatibilizándolo con el mantenimiento de la actividad productiva. Así, una vez vencida la pandemia, el retorno al crecimiento económico y la generación de empleo podrá ser lo más rápido y eficiente posible.
En este sentido, se incluyen medidas de información de riesgos laborales; equipos de protección individual; evaluación continua de los puestos de trabajo y comprobación de ausencia de sintomatología; Adaptación de las zonas comunes, adaptación de la plantilla, reducción de la producción, incremento de turnos de rotación o tiempos de trabajo para poder mantener las distancias de seguridad y evitar exposición permanente; limpiezas y desinfección de los puestos en cada cambio de turno; facilitar el teletrabajo; y estrictas medidas y protocolos de limpieza y desinfección.
Medidas de carácter financiero
Este paquete incluye una inversión de 142 millones de euros. Incluye líneas de apoyo a la liquidez de micropymes y autónomos; 40 millones de apoyo al mantenimiento de actividad empresarial de los especialmente afectados por la crisis, como hostelería, comercio e industria; inversión de soluciones digitales para el teletrabajo y el aplazamiento de los créditos de la Lanzadera Financiera.
Servicios y medidas de refuerzo para la actividad empresarial
Se trata de la partida más pequeña, con 320.000 euros. Con esa cantidad se habilitará una web para resolver consultas a empresas, se reforzará la Red Exterior de la Junta de Castilla y León, así como la búsqueda de proveedores por ruptura en la cadena de suministro. También se ampliarán los plazos del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
Medidas de protección social
Esta partida, de 8 millones de euros, garantizará la prestación de servicios a la vez que protegerá la salud de usuarios y trabajadores sin rebajar la atención ordinaria. Incluye medidas para la dependencia y los colectivos vulnerables.
