El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha remitido hoy una carta a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la que solicita al Gobierno de España que se posibilite la participación de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales en las medidas de ahorro energético previstas en el Real Decreto Ley 14/2022, de 1 de agosto. Asimismo insiste en que se establezcan cauces de diálogo con los sectores productivos afectados.
Fernández Carriedo ha señalado en la misiva que en la Conferencia Sectorial de Energía -celebrada el pasado jueves 28 de julio-, no se hizo referencia al contenido de la inminente aprobación por parte del Gobierno de la Nación del mencionado Real Decreto Ley y su impacto sobre multitud de actividades, más cuando estas medidas se aplican a la Administración y a diferentes sectores económicos.
Asimismo, el consejero de Economía y Hacienda ha manifestado a la ministra que sería necesaria la celebración de una reunión urgente de la Conferencia Sectorial de Energía, para así aclarar las dudas interpretativas que plantea el Real Decreto Ley 14/2022.
En ese sentido, ha hecho referencia a cuestiones como la necesidad de clarificar a quién corresponde la potestad y mecanismos para controlar el cumplimiento de las temperaturas máximas, de los horarios establecidos, así como resolver las cuestiones relativas a la efectiva instalación de mecanismos automáticos de cierre de puertas, las limitaciones a partir de las 22 horas que se aplican en relación a la iluminación de carácter artístico y/o monumental de nuestras ciudades y municipios, y hasta qué hora se limita la iluminación de los escaparates y edificios públicos.
El consejero también ha añadido que la normativa debiera ofrecer la seguridad jurídica para excepcionar del cumplimiento de los umbrales de temperaturas a determinados lugares y establecimientos sanitarios, asistenciales, dotacionales y educativos.
Además, Fernández Carriedo ha hecho referencia a la solidaridad de Castilla y León con el conjunto de España en materia energética, que se pone de manifiesto tanto en su contribución a la producción energética, como en el compromiso de ahorro en el ámbito de sus competencias.
