El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y representantes de las organizaciones sindicales UGT, CCOO y CGT, han suscrito en la mañana de hoy el nuevo convenio colectivo aplicable al personal laboral de la Administración General y sus Organismos Autónomos con las citadas organizaciones sindicales, en la propia sede de la Consejería.
Por parte de la Unión General de Trabajadores de los Servicios Públicos de Castilla y León, ha participado en la firma Tomás Pérez Urueña (secretario general); por parte de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Castilla y León, Ana Fernández de los Muros (secretaria general); y por parte de la CGT, Juan García García (coordinador Regional de las secciones sindicales).
El nuevo texto viene a sustituir al convenio colectivo actualmente vigente, que data del año 2013. Entrará en vigor, tras su publicación en el Bocyl, el próximo 1 de julio, y tendrá un periodo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
El convenio colectivo regulará la relación profesional de 12.658 trabajadores, de los que el 65,18 % son mujeres (8.250) y el 34,82 % son hombres (4.408).
Por sectores de este personal laboral, 8.204 se integran en la administración general, 4.244 en centros docentes y 210 en instituciones sanitarias:
El nuevo convenio efectúa una reclasificación de los grupos profesionales, pasando de cinco grupos a cuatro, beneficiando a 4.677 puestos. La clasificación de los nuevos grupos se realiza por el nivel de titulación exigido para el ingreso, determinándose para los Grupos I y II el título Universitario de Grado; para el Grupo III, el título de Formación Profesional de Grado Superior, Formación Profesional de Grado Medio o Bachillerato; y para el Grupo IV, el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o Formación Profesional de Grado Medio o Básico, así como aquellas otras cuya prestación exija estar en conocimiento de un oficio técnico o administrativo a nivel elemental.
El nuevo convenio viene a consolidar la situación del personal fijo discontinuo (operativo de incendios y centros educativos) a efectos de provisión de puestos, beneficiando a 1.070 puestos. El concurso abierto y permanente (CAP) tiene 4 resoluciones (febrero, mayo, agosto y noviembre), y el personal fijo discontinuo podrá participar en iguales condiciones que el resto del personal laboral fijo en las convocatorias de febrero y noviembre. Esta limitación se establece para no provocar disfunciones organizativas en el operativo de incendios y en el inicio del curso lectivo con el personal de centros educativos.
Asimismo, el texto establece reconocimientos económicos al personal que presta sus servicios en la Gerencia de Servicios Sociales, en concreto al colectivo de enfermería, con el pago de un complemento de continuidad asistencial, que retribuye el solape en el cambio de turnos, beneficiando a 215 puestos, así como el reconocimiento de una jornada minorada como compensación por realizar su jornada laboral en turno rotatorio, siempre que se incluya el turno de noche, afectando a 1.808 puestos.
El texto también incorpora las mejoras laborales del personal del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla y León, recogidas en el Acuerdo de la Comisión de Seguimiento en materia forestal del Diálogo Social para la mejora del Operativo de Lucha contra Incendios Forestales 2023-2025, en aquella parte que debe reflejarse en el Convenio Colectivo. Así, se redefinen las categorías profesionales del operativo y se les amplía el contrato de trabajo al año completo a partir del año 2025.
Las categorías de este operativo con el nuevo convenio son operador/a del centro de mando (Grupo III), oficial de montes -conductor o conductora maquinista de autobomba (Grupo III), vigilantes de Incendios (Grupo IV), y peón de montes y extinción (Grupo IV).
Mediante la configuración de estas nuevas categorías profesionales se redefinen las funciones de los trabajadores del operativo de incendios, debido a la ampliación de la duración de los contratos de trabajo de este personal fijo discontinuo.
En definitiva, con la firma del convenio colectivo culmina un largo proceso, desarrollado los dos últimos años con más de cien reuniones, y caracterizado por la voluntad negociadora de la Junta de Castilla y León y las centrales sindicales firmantes, que han llegado al consenso y al acuerdo con la finalidad de mejorar las condiciones de los empleados laborales que desarrollan sus funciones y cometidos de servicio público.
