El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido este jueves que el Gobierno autonómico puede instar y solicitar a la Fiscalía que realice las pruebas de edad a los menores migrantes no acompañados "cuando existan dudas razonables sobre la edad de las personas", como no tener la documentación fehaciente y acreditativa de la edad.
Así se ha pronunciado el portavoz de la Junta a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno respecto a la realización de las pruebas de edad a los menores migrantes no acompañados que confirmó el lunes el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Carlos Pollán, de Vox.
Como reconoció el lunes el vicepresidente, el portavoz de la Junta ha reconocido que las pruebas tienen que ser autorizadas por la Fiscalía que determinará "cuando lo crea conveniente" la necesidad de realizar este tipo de pruebas, como ya se ha hecho, ha confirmado.
"Este es el procedimiento porque nosotros no tenemos competencias en el ámbito de la Justicia", ha explicado Fernández Carriedo que ha insistido en que la Junta sí puede "instar" y "solicitar" a la Fiscalía que realice esas pruebas cuando existan "dudas razonables" sobre la edad de los menores y con el objetivo último de que haya "la mayor transparencia posible".
"Es positivo garantizar la transparencia y que se sepa a ciencia cierta cuál es la edad cuando no existe documentación como tal que lo acredite", ha defendido Fernández Carriedo que ha insistido en la "relevancia" de poder conocer la edad exacta de los menores para asegurar que la Junta que está dando los servicios más adecuados a las personas. "No es lo mismo una persona de 15 --años-- que una persona de 12 o de 17 a los efectos de su estancia bajo la protección y tutela de la Junta hasta los 18", ha apostillado.
Además ha asegurado que se trata de un procedimiento "establecido y regulado" que se ha realizado "en numerosas ocasiones" cuando ha existido "alguna duda" sobre la edad del menor por parte de los servicios técnicos. "Es un protocolo que vamos a seguir en el tiempo y vamos a garantizar que se pueda llevar a cabo a los efectos de dar transparencia y de asegurar los mejores servicios a los menores que nos pueda corresponder su tutela y su atención", ha zanjado.
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"Estamos hablando de personas sobre las que pueden existir dudas sobre su edad y, por tanto, sobre sus condiciones y derechos", ha argumentado para insistir en que los mayores de 18 años tienen otra capacidad de libertad respecto a un menor y no tienen que estar tutelados por la Junta.
En este sentido, se ha reafirmado en que poder identificar que una persona tiene 15 años y, por tanto, puede estar tres años en el régimen de protección de la Junta "es un elemento de transparencia y de seguridad jurídica" para poder dar los mejores servicios públicos y para organizar la propia Administración. "No es lo mismo cuando el periodo que tenemos por delante son tres años que cuando solo es uno o cuando puedan ser seis", ha explicado.
