El gasto de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en los programas de la red de protección a las personas que son de su competencia se redujo un 30 por ciento en 2021, al pasar de los 118,17 de 2020 a los 82,4 millones del pasado año. Una caída que tiene su justificación en la entrada en vigor del ingreso mínimo vital por parte del Gobierno central, una medida que obligó a mermar la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, blindada por ley en Castilla y León, para no solapar ayudas. De hecho, ésta herramienta, que hasta ahora era la de mayor peso económico, pasó de 52,7 millones de hace dos anualidades a los 26,8 de 2021, es decir, a la mitad.
Según fuentes de la Consejería que dirige Isabel Blanco, consultadas por Ical, el pasado año se beneficiaron en torno a 195.000 personas gracias a los programas de la red, un 40,5 por ciento menos, debido no solo a la Renta Garantizada de Ciudadanía, sino también a otros programas que vieron reducir su destinatario potencial.
En todo caso, confirman desde el departamento, la red cuenta con otro tipo de medidas gestionadas directamente por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, para cuestiones de ayudas al autoempleo, acciones en materia de inclusión (PIE), contratos de inserción y también medidas para el fomento de la contratación, así como desarrolladas por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente (así denominada todavía en 2021), principalmente asociadas a personas afectadas por desahucios o para ayudas económicas al alquiler de vivienda habitual.
Al respecto, el documento al que tuvo acceso Ical, vinculado únicamente con Familia, constata que bajan, entre otras, las partidas para situaciones de urgencia social, que caen de 5,6 a cuatro millones para atender en 2021 a algo más de 18.000 beneficiarios (14.000 menos que en 2020). También se reduce la partida para el alojamiento para personas sin hogar, de 2,7 a dos millones, aunque mantiene la cifra de atendidos, en torno a 6.700 en la Comunidad; la atención residencial de personas mayores en situación de dependencia, cuyo desembolso pasa de 4,1 a 3,3 millones, con 300 beneficiarios, un centenar menos; o el servicio de provisión inmediata de alimentación, que se reduce de 1,2 millones a 500.000 euros, con una caída de perceptores de 53.000 en 2020 a casi 9.000 el año pasado, y justificado en la necesidad de acudir a estos centros y bancos de alimentos de muchas familias en el primer año de la pandemia del Covid-19.
Sin embargo, crecen las partidas de la línea de protección y ejercicio de tutela y guarda de las personas mayores de edad incapacitadas y en situación de desamparo, cuyo montante paso de 950.000 euros en 2020 a 1,57 millones al año siguiente, incluso con más beneficiarios, 2.800 (dos centenares más). También lo hace el montante dirigido al servicio de apoyo técnico para la integración sociolaboral y tecnológica de individuos en riesgo de exclusión, que aumenta en casi un millón de euros en un año, hasta rozar los cinco millones, con 17.000 personas atendidas, 2.500 más que en 2020.
Se mantienen cifras y compromiso
Igualmente, mantienen cifras casi idénticas en los dos años, y por tanto también el “compromiso” de la Administración, según expusieron fuentes de la Consejería de Familia, programas como el servicio de apoyo familiar y técnico para la inclusión social, con 12,8 millones (31.000 beneficiarios en 2020, porque en 2021 aún no está el dato cerrado); el servicio de prevención para familias con hijos en situaciones de riesgo, especialmente en etapas de mayor vulnerabilidad como primera infancia o adolescencia, con 684.000 euros en ambas anualidades y 1.500 atendidos; y vinculado con este último, la tutela y acogimiento de menores en situación de desprotección, que se sitúa en los 18,6 millones, en el entorno del año anterior, con 2.700 beneficiarios.
Otras medidas son la prestación económica frente a situaciones de deuda hipotecaria (270.000 euros en 2021, con 750 perceptores); o por arrendamiento de vivienda habitual (3,6 millones y algo más de 10.000 personas); y el fomento de la autonomía de las mujeres víctimas de violencia de género (406.000 euros y 70 perceptoras); y para acogida en casas de emergencia del colectivo (1,4 millones y 568 mujeres); o la distribución coordinada de alimentos (230.000 euros y casi 107.000 personas atendidas).
