El Consejo de Gobierno aprobó hoy el recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley del Gobierno por el que se “impone” el reparto de menores inmigrantes no acompañados entre las autonomías, porque “vulnera competencias exclusivas” de la Comunidad.
El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, explicó además que este Decreto-Ley es contrario a los principios de igualdad y solidaridad, porque se exige un aumento de menores inmigrantes para la Comunidad del 300 por ciento frente al cinco por ciento de Cataluña.
“Es injusto, impuesto e invade competencias”, resumió el portavoz de la Junta durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en declaraciones recogidas por Ical, en las que afeó al Ejecutivo nacional que planteara el reparto “sin negociación” con las comunidades.
“Queremos seguir siendo una comunidad solidaria, pero en el plano de la igualdad y el acuerdo, y no de la imposición del Gobierno o de la insolidaridad en la aplicación de estas medidas”, defendió Carriedo, que además denunció la vulneración de competencias que supone la norma y el “daño” para la autonomía financiera de las comunidades, ya que “se fuerza a nivel concreto de recursos para este tipo de instalaciones” cuando “la distribución no es equivalente entre todos los territorios de España”.
El recurso se presenta así “dentro del plazo” de tres meses desde la aprobación del Decreto-Ley y con la “información adicional que supone conocer la distribución de incrementos entre las comunidades”, lo que según Carriedo, permite incluir el factor de “insolidaria” en el recurso.
También mostró el deseo de la Junta de que se paralice el Decreto-Ley con las medidas cautelares que pueda plantear el Tribunal Constitucional para que “el Gobierno pueda tener la opción de reiniciar el diálogo”, al que la Junta iría “con voluntad de acuerdo” y desde su concepción como “comunidad solidaria” porque “los menores requieren apoyo y atención”.
No obstante, recordó que la posibilidad de que se incluyan medidas cautelares “depende de la Administración de Justicia y no tanto de la Junta”, que mantiene en todo caso su “voluntad de diálogo y acuerdo para encontrar posiciones comunes” frente a un Gobierno del que dijo: “Tenía una decisión pactada con algún partido separatista para transferir competencias del Estado a una comunidad en materia de migración”.
“Ante esa tesitura, no estamos de acuerdo con esta distribución insolidaria ni en la cesión de competencias del Estado”, planteó Carriedo, para quien si estas competencias “fueran ejercidas de forma adecuada, no habríamos llegado a esta situación”.
Ultimatum del Supremo
Preguntado sobre el ultimatum dado por el Tribunal Supremo al Gobierno, al aceptar las medidas cautelares pedidas por el Ejecutivo canario para que en un plazo de diez días el Gobierno de España se haga cargo de más de un millar de menores migrantes no acompañados llegados a las costas canarias, Carriedo afirmó que “el Supremo es claro y el Gobierno debe asumir su responsabilidad”.
“Estamos hablando de menores que están en situación de protección por asilo internacional y son competencia del Gobierno”, insistió el portavoz de la Junta, que pidió al Ejecutivo nacional que asuma sus competencias “muy importantes” en materia de migración en vez de “intentar transferirlas a alguna comunidad a cambio de acuerdos en el Gobierno” mientras, a la vez, “se entromete en competencias de las comunidades que no le corresponden”.
