Los procuradores regionales Leticia García y Oscar Reguera han explicado la aprobación de una Proposición No de Ley (PNL) dirigida a combatir la ocupación ilegal de viviendas en el último Pleno de las Cortes de Castilla y León
La propuesta, respaldada por Partido Popular y Ciudadanos, exige al Gobierno de Sánchez-Iglesias una modificación legal que permita desalojar de forma rápida a los ocupantes ilegales y devolver las viviendas ocupadas a sus legítimos propietarios, quienes, en la mayoría de los casos, han adquirido sus modestas viviendas con los ahorros de toda una vida y cuya propiedad y disfrute les es usurpado.
El PP considera que resulta sorprendente que el Partido Socialista se abstuviera en el punto tercero de la PNL, que hacía referencia a instar al Gobierno de Sánchez a modificar las normas para permitir una rápida devolución de las viviendas a sus dueños.
En este sentido, los procuradores populares por la provincia de Zamora consideran que este es un problema creciente, pues en los dos últimos años la ocupación ilegal se ha disparado en un 23%, lo que denota una cierta dejadez del gobierno PSOE-Podemos en abordar con la debida contundencia este importante problema socio-económico, al tiempo en que se acometen mejoras en su regulación legal.
Según los procuradores del Partido Popular, “debe quedar muy claro que la ocupación no puede entenderse nunca como una vía de acceso a la vivienda, sino como un delito contra la propiedad. El partido de Podemos considera que las formas de acceder a la vivienda son la compra, el alquiler y la ocupación, algo que rechazamos de plano los parlamentarios populares, que consideramos que la ocupación ilegal es un flagrante atentado contra el derecho constitucional de la propiedad. Y sorprende y preocupa que el PSOE, para no importunar a sus socios, “podemice” su actitud y se muestre tibio en la defensa de este importante derecho.”
Los procuradores populares manifiestan su rechazo a estas usurpaciones y subrayan la existencia de grupos criminales organizados que se lucran de estas actividades delictivas.
Añaden que desde ayuntamientos gobernados por grupos políticos como Podemos, los mal llamados “ayuntamientos del cambio”, se está tolerando este tipo de acciones, incluso se abordan propuestas en materia de vivienda que van claramente en contra de la propiedad privada, tratando de despenalizar las ocupaciones ilegales, enfoques que acaban calando en grupos antisistema que lo que hacen es usurpar a los legítimos propietarios el uso de sus viviendas, casas rurales, apartamentos en la playa, etc. comprados con los ahorros de familias.
Y, según los parlamentarios, el 29% de la población tiene una segunda vivienda y, de ese porcentaje, el 23 por ciento son familias modestas y el 34% jubilados.
Indican igualmente que se producen 41 ocupaciones al día en España, una tendencia creciente desde la llegada del Gobierno Socialista-Podemos.
Los parlamentarios señalan que desde el Partido Popular de Castilla y León creen que hay que mejorar el actual ordenamiento jurídico para proteger más y mejor a los propietarios y, por ello, es urgente cambiar varias normas.
Esto es lo que pretende la Proposición No de Ley aprobada en el pasado Pleno de las Cortes de Castilla y León. Prácticamente todos los países de nuestro entorno disponen de medidas rápidas a través del Juez o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para desalojar viviendas “okupadas”.
Denuncian, además, que en muchos casos el uso que se está haciendo de las viviendas “okupadas” por parte de organizaciones criminales se dirige a la comisión de otros delitos como robos, explotación sexual o tráfico de drogas (los llamados “narcopisos”).
La PNL constaba de tres partes: instar a la Junta de Castilla y León a comprometerse contra la ocupación ilegal de viviendas y devolver los inmuebles ocupados, impulsar la coordinación y cooperación institucional para reforzar la eficacia con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Administración de Justicia y, por último, dirigirse al Gobierno de España para mejorar la regulación jurídica de protección de los derechos de los propietarios incluyendo varias modificaciones legislativas. El PSOE votó a favor de las dos primeras partes, pero sospechosamente se abstuvo en las exigencias al Gobierno Sánchez-Iglesias, que es quien tiene en sus manos la posibilidad de regularlo.
El PSOE reconoce el problema puesto que la Fiscal General del Estado ha anunciado este lunes una instrucción a los fiscales ante la preocupación social, pero lo ha hecho, en una alusión breve y sin detallar.
El gobierno socialista tiene en sus manos modificar la legislación, pero para no disgustar a su socio, opta por no hacer nada, una vez más, y dejar desprotegidos a los dueños de viviendas, según los procuradores.
