La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha defendido que el ‘Protocolo de actuación en casos de acoso’ “está funcionando bien” en Castilla y León, y ha señalado que “la demanda de los padres es que esos protocolos se eleven a rango de ley”. En ese sentido, consideró “necesario” que “todas las administraciones sumen”.
“Contamos con un protocolo de actuación en los centros, pero si no hay herramientas legales adicionales tampoco puedes actuar”, apuntó antes de subrayar que el ‘bullying’ es algo que “preocupa muchísimo” a la Junta de Castilla y León. Es por ello, añadió, que esta ha sido “una de las pocas autonomías que ha reforzado la figura del orientador, bajando la ratio de alumnos que atienden para que puedan estar más pendientes de detectar posibles situaciones de acoso o de los síntomas de salud emocional que pueden denotar algún caso”. “Hemos reforzado la figura de los orientadores en 250, llegando casi a 300 con el ámbito de la enseñanza concertada”, valoró.
Tras explicar que recientemente “la fiscal de menores recalcó que el protocolo en Castilla y León está funcionando, los centros estaban actuando y se están adoptando medidas”, la consejera aclaró que “eso no significa que nos conformemos” y subrayó que la actitud es “estar continuamente vigilantes”.
A su juicio, la lucha contra el acoso no se limita a los propios centros y a los profesores, y también debe ser atajada desde las familias porque “es un problema de toda la sociedad”. “El problema está en el aula, pero luego también fuera de ella, donde poco puede hacer Educación. Por tanto también damos formación a las familias para que entre todos intentemos evitar lo máximo posible estas situaciones y cuidemos a nuestros jóvenes, que es lo que más nos preocupa y nos ocupa”, afirmó.
