La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), CCOO y UGT, han solicitado formalmente la convocatoria de la Mesa General de Negociación de los empleados públicos de la Administración de Castilla y León para abordar la revisión integral del Acuerdo de Carrera Profesional Horizontal. Cuatro años después de su puesta en marcha, los sindicatos consideran que este modelo no ha respondido a las expectativas del colectivo de empleados públicos y requiere modificaciones urgentes.
Entre las principales deficiencias detectadas, destacan la complejidad excesiva del procedimiento, los elevados requisitos para progresar en los grados, la falta de objetividad en la evaluación del desempeño y, especialmente, la discriminación que sufre parte del personal en promoción interna, así como las desproporcionadas diferencias retributivas entre los grupos más bajos y los grupos más altos de empleados públicos. Además, critican la falta de convocatoria extraordinaria para el acceso al grado IV, lo que perjudica gravemente a los empleados públicos con mayor antigüedad.
Tomás Pérez Urueña, secretario general de UGT-Servicios Públicos de Castilla y León, señala que “la discriminación hacia quienes están en promoción interna y el agravio a los más veteranos es inadmisible.”
Por su parte, Ana Fernández, secretaria general de CCOO en Castilla y León, subraya que “la carrera profesional no puede ser una carrera de obstáculos. Es necesario recuperar el espíritu del primer acuerdo, que buscaba dignificar y reconocer la trayectoria profesional de las personas al servicio de lo público”.
“La Junta tiene la oportunidad de corregir un modelo que ha generado más frustración que reconocimiento. Pedimos negociar un nuevo acuerdo justo, objetivo y más accesible para toda la plantilla”, reclama Benjamín Castro, presidente de CSIF Castilla y León.
“La Junta debe dejar de mirar hacia otro lado y abrir el diálogo ya”, subrayan los tres sindicatos, que son firmantes del primer acuerdo que impulsó la carrera profesional horizontal, y que reivindican un nuevo marco negociador que permita regular esta herramienta de reconocimiento profesional de forma equitativa y efectiva. El objetivo es alcanzar un consenso amplio que ponga fin a las desigualdades actuales y garantice el avance profesional del conjunto de empleados públicos de la Junta de Castilla y León.
