El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, defendió hoy que la Junta “aplica la ley” con los proyectos de las plantas de biogás, a través de procedimientos reglados que “están establecidos por funcionarios públicos, jurídicos y técnicos, biólogos y todo tipo de especialistas que verifican los proyectos”, en una evaluación que calificó de “muy exigente”.
En declaraciones recogidas por Ical, explicó que los proyectos los presenta la iniciativa empresarial, algo que la Constitución prevé con “libertad de establecimiento” ante una administración para solicitar una autorización, en este caso, para “poner una planta industrial de lo que sea”. “La Junta analiza jurídica, técnica y científicamente ese proyecto, se emiten los informes correspondientes y si cumplen la normativa pues van adelante y si no, pues no”, apuntó.
Por lo tanto, insistió en que se trata de una evaluación “muy exigente”, de una normativa muy exigente, la más exigente que ahora mismo hay a nivel nacional y también con normas exigentes europeas. “El mensaje que hay que transmitir es que la ciudadanía confíe en la actuación de lo público. En definitiva, son procedimientos absolutamente garantistas”, comentó, ya que previamente se abre a información pública, “se cuelga toda la documentación de los proyectos para que todo el mundo, particulares, entidades y ayuntamientos puedan alegar y hacer llegar los riesgos que consideran que hay que analizar”.
Ese proceso de evaluación “termina con una decisión negativa o positiva al proyecto”, pero que es “susceptible de recursos ante los tribunales”, por lo cual, “otra garantía añadida más en un Estado de Derecho serio y completo como es España y de una Administración seria como es la Junta de Castilla y León”.
A su juicio, “dentro de tiempo se verá si las plataformas que ahora se movilizan reconocen el trabajo realizado”. “Estamos trabajando y no nos escondemos ante los problemas, los afrontamos, le damos solución para compatibilizar todos los intereses en juego. Hay un equilibrio entre la implantación industrial, el empleo que conlleva, la actividad económica y la conservación de todos los valores que se conservan en nuestra Comunidad: patrimoniales, turísticos, históricos, la convivencia y la seguridad de las personas”, concluyó el consejero.
