El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones se ha felicitado por que la gestión del lobo se encamine ahora a “evitar una sangría” que, en sus palabras, los ganaderos de Castilla y León“no podían tolerar más” y que cifró en 6.000 cabezas de ganado muertas a causa de esta especie a lo largo del año 2024. “Es un problema que también camina próximamente a la solución y estamos muy satisfechos”, certificó.
En este sentido, defendió que la nueva normativa, que conjuga los ámbitos europeo, nacional y autonómico, apueste por el “equilibrio” que, en su opinión, supone la “tranquilidad” para las explotaciones ganaderas y el medio rural de la Comunidad. “Sobre todo, sin que nadie nos tenga que dar ninguna lección de conservación de especies, porque si en Castilla y León hay 2.000 lobos es porque durante el tiempo que la Junta gestionó la especie, con equilibrio con la ganadería, hizo un trabajo de conservación indudable”, recalcó Suárez-Quiñones.
El consejero, quien participó en un acto sobre abastecimiento de agua en Salamanca, recordó en declaraciones recogidas por Ical que esta polémica está basada en “tres hitos muy relevantes”:
- El cambio en la gestión del lobo al norte del Duero , que venía recogida en una directiva del año 92, en base a su estado de conservación, que, a su vez, fue determinado “por razones ideológicas” , y supuso su “estricta protección” en todo el territorio de Castilla y León.
- El segundo objetivo, marcado por la Consejería de Medio Ambiente , entre otros actores, se refería a modificar la normativa española para evitar que el Gobierno de España “pudiera volver a lo que ya hizo” , es decir, “retirar las competencias” de gestión del lobo.
- El tercero está referido al informe que tiene que mandar cada seis años el Gobierno a Europa sobre el estado de conservación de las especies. “Se trataba de evitar que volviera a hacer lo que hizo en el año 18, que es mandar un informe a la Comisión Europea diciendo que el lobo estaba en un estado de conservación desfavorable, lo que no era cierto. Y eso condicionaba muchas cosas” , recalcó.
“El primer objetivo está cumplido. Finalmente, después de mucho trabajo, prácticamente cuatro años, hemos logrado que tanto el Convenio de Berna en 50 países como la propia Unión Europea decidiese el cambio de la directiva”, celebró Suárez-Quiñones. Ese cambio está aprobado y pendiente de publicación en el diario oficial de la Unión Europea. “Una vez que se publique, en toda Europa regirá el régimen que había en el norte del río Duero y que el Gobierno impidió, y regirá, por tanto, la simple protección en toda Europa”, aclaró.
Respecto al segundo objetivo, el consejero aludió a la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, aprobada en el mes de abril en el Congreso de los Diputados. “Logramos introducir unas enmiendas que impiden al Gobierno de España hacer lo que hizo en el año 21”, recalcó.
El tercer objetivo es, según sus palabras, tener un informe de conservación del lobo “real” y “que no sea erróneo”, según matizó, por utilizar un término “prudente”, porque, en su opinión, también se puede utilizar el de “falso”. Este informe debe mandarse antes del 31 de julio, ya que vence el periodo 2019-2025, y el consejero aclaró que la clave vuelve a estar en la ley de desperdicio alimentario.
“Hemos introducido en esa ley un control, de modo que no se puede mandar sin la aprobación de la conferencia sectorial de Medio Ambiente, en la que estamos todas las comunidades autónomas y, por tanto, el Gobierno ya no va a poder hacer lo que hizo el año 19, que mandó un informe que no se correspondía con la realidad. Una vez que tengamos este último hito, que está a punto, muy cerca de suceder, es cuando ya estableceremos cuál va a ser el sistema de gestión del lobo”, zanjó.
