El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la creación de un grupo de trabajo que será el encargado de elaborar la propuesta de reforma de Estatutos de la Universidad de Salamanca.
De igual modo, y a fin de hacer una revisión ajustada a derecho de la propuesta de reforma que elabore el grupo de trabajo, se ha considerado oportuno crear, de forma paralela, una comisión técnico-jurídica, cuyos miembros tendrán necesariamente formación en Derecho. El encargo a esta comisión es trabajar de forma coordinada con el grupo de trabajo para lograr que la propuesta presentada se ajuste a la normativa vigente.
Este documento deberá ser presentado al Consejo de Gobierno para su posterior proposición al Rector, de conformidad con lo previsto en los artículos 206 y 207 de los Estatutos de la USAL. Una vez aprobada y presentada la propuesta por este órgano de gobierno y en aplicación del art. 61 RFICU, se convocará el Claustro para elegir la Comisión encargada de analizar la propuesta presentada. Junto a la convocatoria del Claustro, se remitirá a los claustrales una copia de la propuesta de reforma, para que, en plazo de treinta días naturales, puedan presentar enmiendas.
Una vez finalizado el período de presentación de enmiendas, el rector, como presidente del Claustro, remitirá a los miembros de la Comisión las enmiendas presentadas. La Comisión, en un plazo no superior a un mes, resolverá sobre el proyecto y las enmiendas presentadas, elaborando un dictamen (art. 64 RFICU).
Dicho dictamen será remitido inmediatamente a los claustrales para su posterior discusión y aprobación en sesión extraordinaria del Claustro, de acuerdo a lo establecido en el art. 207 de los Estatutos de la Universidad de Salamanca y arts. 65 y ss. RFICU. Se prevé que al final de este año se pueda tener un texto definitivo para su aprobación.
Plan Estratégico
Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó el Plan Estratégico de la Universidad de Salamanca, “Estrategia USAL 30” (https://estrategia30.usal.es), con las modificaciones incorporadas tras la celebración del Claustro Universitario el pasado mes de mayo.
El documento presenta una reorganización de los campus universitarios en función de sus áreas de conocimiento, con el objetivo de mejorar la planificación, fortalecer la especialización y optimizar los recursos académicos y de investigación:
- Campus A: Artes y Humanidades
- Campus B: Biomedicina y Ciencias de la Salud
- Campus C: Ciencias e Ingenierías
- Campus D: Derecho, Economía y Ciencias Sociales
- Campus E: Educación y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Asimismo, el documento define nueve áreas, cuya primera letra en acróstico forma la palabra fidelitas:
- USALForma: educación innovadora y adaptación constante a la oferta formativa
- USALInvestiga: investigación avanzada y transferencia efectiva del conocimiento
- USALDigital: modernización tecnológica y digitalización integral
- USALEmprende: fomento del emprendimiento y colaboración con el tejido empresarial
- USALLegado: protección y difusión del patrimonio histórico y cultural universitario
- USALInternacional: proyección global y cooperación internacional
- USALTalento: atracción, desarrollo y retención del talento universitario
- USALAvanza: innovación en infraestructuras y tecnología para un futuro competitivo
- USALSostenible: compromiso con la sostenibilidad ambiental, social y económica
Adhesión al ODA-E
Asimismo, el Consejo de Gobierno aprobó la adhesión institucional de la Universidad de Salamanca al Observatorio del Derecho a la Alimentación en España (ODA-E), que nace como réplica de la exitosa experiencia del Observatorio de Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe (ODA-ALC), creado en 2011 con el impulso de la Oficina Regional de FAO en América Latina, a través del Proyecto de Apoyo a la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre 2025 (IALCSH) y con el respaldo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Ambos se han configurado como redes académicas multidisciplinares con las que, a través de la investigación, se pretende generar evidencias, conocimiento y capacidades, para formular, implementar y/o monitorear políticas públicas y legislaciones que garanticen el derecho humano a la alimentación en la región iberoamericana, favoreciendo el intercambio de experiencias y el diálogo entre instituciones académicas, parlamentos, sociedad civil y organismos internacionales, con el fin de garantizar una alimentación para toda persona de manera justa, sostenible, equitativa y saludable.
