Ante las dificultades que plantea a los ayuntamientos, y especialmente a los de menor tamaño, el cumplimiento de las responsabilidades recogidas en la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, desde Unión del Pueblo Leonés (UPL) han registrado una batería de preguntas en las Cortes autonómicas instando a la Junta a impulsar medidas para auxiliar a los consistorios en el cumplimiento de dichas obligaciones.
De este modo, desde UPL piden a la Junta, en primer lugar, que ponga en marcha algún tipo de órgano que permita la recogida de animales extraviados y abandonados, su atención veterinaria, el alojamiento en centros de protección animal o el control poblacional no letal de la fauna urbana al que hace referencia el artículo 22 de dicha ley.
En este aspecto, si bien el artículo 22.4 de la Ley 7/2023 apunta que la gestión y cuidados de los animales desamparados o cuyos titulares no puedan atenderlos debido a situaciones de vulnerabilidad corresponde, "en ausencia de otra previsión en la legislación autonómica, a la Administración local", los leonesistas recuerdan que el mismo artículo también contempla que puede corresponder "subsidiariamente, a la autonómica".
Por ello, desde UPL solicitan que la Junta asuma dichas responsabilidades de forma subsidiaria, ante la dificultad que supone para los ayuntamientos, especialmente los más pequeños, cumplir con estas obligaciones debido a "su escasez de medios personales, técnicos y económicos".
Precisamente sobre la falta de normativa autonómica en Castilla y León, Unión del Pueblo Leonés reclama también que la Junta impulse una legislación específica que permita derivar a las Diputaciones Provinciales las responsabilidades que la Ley 7/2023 atribuye a los ayuntamientos en materia de recogida y protección de animales.
Según defienden los leonesistas, que tanto la Junta como las Diputaciones puedan asumir estas competencias beneficiaría tanto a los animales como a los propios ayuntamientos, al facilitar la recogida de animales abandonados y su alojamiento en centros de protección, tal y como establece la normativa.
Asimismo, recuerdan que para muchos municipios resulta prácticamente imposible cumplir con la obligación de contar con un servicio de urgencia para la recogida y atención veterinaria de estos animales, debido a la falta de recursos.
Por ello, UPL insiste en que la Junta asuma subsidiariamente estas responsabilidades y legisle para que las Diputaciones puedan hacerse cargo parcial o totalmente de estas funciones, ya que, según sostienen, "no se puede cargar a los ayuntamientos con funciones que no pueden asumir por no contar con los medios necesarios", debiendo ser otras administraciones con mayor capacidad las que garanticen el cumplimiento de la ley y el bienestar animal.
