Ante las dificultades que plantea a los ayuntamientos, y especialmente a los de menor tamaño, el cumplimiento de las responsabilidades recogidas en la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, desde Unión del Pueblo Leonés (UPL) han registrado una batería de preguntas en las Cortes autonómicas instando a la Junta a impulsar medidas para auxiliar a los consistorios en el cumplimiento de dichas obligaciones.
De este modo, desde UPL piden a la Junta, en primer lugar, que ponga en marcha algún tipo de órgano que permita la recogida de animales extraviados y abandonados, su atención veterinaria, el alojamiento en centros de protección animal o el control poblacional no letal de la fauna urbana al que hace referencia el artículo 22 de dicha ley.
En este aspecto, si bien el artículo 22.4 de la Ley 7/2023 apunta que la gestión y cuidados de los animales desamparados o cuyos titulares no puedan atenderlos debido a situaciones de vulnerabilidad corresponde, "en ausencia de otra previsión en la legislación autonómica, a la Administración local", los leonesistas recuerdan que el mismo artículo también contempla que puede corresponder "subsidiariamente, a la autonómica".
