Las cuatro universidades públicas de Castilla y León lograron que un total de 32 personas transgénero sean llamadas por lo que se denomina como su nombre sentido, aquel con el que se sienten identificadas, dentro del ámbito universitario, gracias al desarrollo de procedimientos y protocolos que en los últimos tres cursos han posibilitado y facilitado ese cambio a las personas ‘trans’ de la comunidad universitaria castellana y leonesa.
El procedimiento de la Universidad de Valladolid se remonta al curso 2019-2020. “Antes teníamos las manos atadas”, reconoce a Ical el técnico del Secretariado de Asuntos Sociales de la UVa, César Vega, que recuerda cómo, para que se produjera el cambio, el alumnado tenía que presentar tanto un certificado de disforia de género sellado por un especialista como un informe endocrinológico que atestiguara que había iniciado el proceso hormonal. Sin embargo, durante el curso mencionado, se produjo el caso de una persona transgénero que, sin tener intención de hacer el cambio hormonal, solicitó su cambio de nombre y sexo sentido en la documentación de la universidad.
“Así que desde la universidad decidimos dejar de pedir algo que alargaba el proceso dos años y medio y martirizaba al estudiante con un nombre que no correspondía a su sexualidad sentida”, confiesa Vega, pasando a elaborar un procedimiento por el que la persona ‘trans’ de la comunidad universitaria vallisoletana que quiera cambiar su nombre y sexo sentido realiza una solicitud motivada ante la Unidad de Igualdad, que a su vez entrevista al peticionario para “darle orientaciones y explicarle las consecuencias administrativas del cambio” ante los diferentes ritmos del proceso registral general, más lento, y el universitario, de “apenas un mes” de tramitación.
Y es que, como explica César Vega, los cambios aprobados por la UVa “se restringen a su ámbito competencial, para que el nuevo nombre y sexo sentido aparezcan en los listados y exámenes pero solo en el ámbito universitario”, por lo que en todo lo que excede a ese ámbito, incluidos procesos “permeables” de la universidad como becas y prácticas, la persona mantiene el nombre que aparece en su DNI, algo de lo que se informa a las personas que solicitan el cambio durante la entrevista.
Si el peticionario continúa con su deseo de mantener el proceso, algo “habitual” según Vega ya que “el alumno llega con anterioridad a esa conclusión”, se traslada el cambio a la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad para que lo valide y el estudiante comienza a contar desde entonces con un nuevo correo y carnet con su nombre sentido, que aparece también en los listados del profesorado y en las aplicaciones informáticas de la UVa que el alumno utilice.
“Lo que queremos es que el alumnado se sienta realizado con su nombre y sexo sentido, por lo que les facilitamos el tránsito de la manera más cómoda posible durante su estancia en la universidad”, concluye César Vega, que cifra en siete los estudiantes que solicitaron esta vía de cambio ofrecida por la UVa desde el curso 2019-2020, si bien reconoce una “paralización” en las solicitudes entre marzo de 2020 y junio de 2021 como consecuencia de la pandemia.
22 cambios en la Usal
Sin embargo, la primera en poner en marcha un protocolo oficial, bajo la denominación Gestión Académica de Identidad de Género, fue la Universidad de Salamanca, que en junio de 2020 aprobó dicho documento en su Consejo de Gobierno, tal y como recoge Ical. Desde entonces, un total de 22 personas de la comunidad universitaria han solicitado con éxito la tramitación de su cambio de nombre y género hacia el que sienten como propio: 21 estudiantes y un miembro del Personal Docente e Investigador.
Se trata de un protocolo que la Usal comparte con más de 20 universidades del país “en este momento”, como explica el coordinador de la Unidad de Diversidad Sexual e Identidad de Género de la institución académica salmantina, Kerman Calvo, que destaca que con él se permite “a cualquier miembro de la comunidad universitaria modificar lo que llamamos su nombre sentido, su nombre de uso cotidiano, a todos los efectos de lo que tiene que ver con la vida universitaria”.
“Supone, sobre todo, que estas personas de la comunidad universitaria se reconocen y representan tal y como se sienten, de manera que al modificar su nombre y representación, se sienten más visibles y menos estigmatizados, más seguros y acompañados en el día a día de su vida universitaria”, apunta el coordinador de la Unidad de Diversidad Sexual de la Usal, que destaca que, por el momento, no han encontrado más que “alguna fricción muy puntual y aislada”, siendo la acogida general de toda la comunidad universitaria “positiva y con los brazos abiertos”.
También reconoce Calvo “alguna dificultad administrativa” para ajustar “la definición de lo que es la identidad de los miembros de la comunidad universitaria” así como la necesidad de “actualizar algunos paquetes de software para permitir que la universidad, de una manera sencilla y sin interferir en otras bases de datos, pudiera ejecutar estos cambios”, dado que esta información “tiene luego repercusiones oficiales en el registro de personas en las administraciones o para becas, así que había que separar muy bien”. “Pero la comunidad universitaria lo ha acogido muy bien y no nos han llegado incidencias o resistencias de ningún tipo a los mandatos del protocolo”, concluye.
Nuevos procedimientos en Burgos y León
Por su parte, la Universidad de Burgos y la Universidad de León han sido las últimas en aplicar este tipo de procesos para facilitar los cambios a las personas ‘trans’ de las universidades públicas de la Comunidad. Tal y como explica a Ical la responsable de la Unidad de Atención a la Diversidad de la UBU, Natividad de Juan, la estipulación de un procedimiento allí, no obstante, empezó hace cuatro años, cuando a través de un profesor tuvieron conocimiento de una persona del alumnado que se encontraba en un proceso de cambio de sexo pero que quería adelantar el cambio del nombre sentido en la universidad.
La situación permitió a la Unidad de Atención a la Diversidad proponer primero y desarrollar después un procedimiento que ya está en marcha desde este pasado curso y al que se ha acogido una persona para, a través de una plataforma, solicitar un cambio que se tramita “en menos de un mes” para “acelerar el proceso y facilitar el procedimiento” y que ya ha requerido solicitudes de información por parte de otros tres alumnos.
Ahora, el siguiente paso, como reconoce De Juan, es desarrollar programas de sensibilización para el profesorado y el resto de alumnos en el aula para “hablar con ellos sobre estas situaciones, que las conozcan, se sensibilicen y se evite con ello situaciones de discriminación” ante una realidad que la responsable de la Unidad de Atención a la Diversidad de la UBU reconoce que “no es tan grande como en universidades de Madrid o Barcelona, pero se empieza a mostrar” también en las universidades más pequeñas.
También la ULE cuenta desde noviembre de 2021 con un reglamento que establece que, las personas que lo deseen, pueden solicitar un cambio de su nombre oficial hacia el sentido a través de un escrito dirigido a la directora de la Unidad de Igualdad, Adelina Rodríguez, que tras valorar la motivación aportada por la persona solicitante, reclama a la Secretaría General de la ULE la puesta en marcha de los cambios necesarios para que esa persona, “en el contexto de la vida universitaria, sea nombrada con su nombre sentido”, como señala a Ical el defensor de la comunidad universitaria de la Universidad de León, Paulino César Pardo, que cifra en dos las solicitudes atendidas hasta hoy.
Red de Universidades por la Diversidad
Destaca además Pardo la inclusión de la Universidad de León en la Red de Universidades por la Diversidad (RUD), que genera “sinergias” entre las más de 40 universidades españolas incluidas, entre las que también están la UVa y la Usal, y que permite “consultarnos unos a otros y ver reglamentos más avanzados, como el de Granada, para que sirva como ejemplo” al desarrollado por ejemplo en León.
También destaca César Vega, de la UVa, dicha Red porque “facilita muchísimo el trabajo al facilitar el ‘know-how’ y transmitir cómo se han hecho las cosas de unas universidades a otras”, aunque reconoce que las realidades son distintas por la existencia en algunas comunidades de una Ley LGTBI que en Castilla y León aún no existe y que aunque desde las universidades públicas reivindican para que “marque el camino a seguir”, también reconocen la “dificultad” de que se desarrolle ante la actual configuración del Gobierno autonómico.
En cualquier caso, el coordinador de la Unidad de Diversidad Sexual e Identidad de Género de la Usal también recuerda que las universidades cuentan con el principio de autonomía universitaria que permite “asumir con naturalidad” el principio de la autodeterminación de género, porque “a efectos de la comunidad universitaria, no tiene mucho sentido pedir unas pruebas médicas que lo único que hubiesen hecho es retrasar un proceso” que está permitiendo que las personas ‘trans’ de las universidades públicas de Castilla y León utilicen con normalidad su nombre sentido.
