El obispo, Fernando Valera, firmó ayer, 15 de octubre, festividad de Santa Teresa de Jesús, una serie de nombramientos que reorganizan el Tribunal Eclesiástico y los servicios jurídicos diocesanos. La reorganización incluye la creación de la Delegación Episcopal para la Coordinación del Tribunal Eclesiástico, Asuntos Jurídicos, Administrativos y Civiles, al frente de la cual estará Raúl Román Sánchez, promotor de justicia de la diócesis, nombrado para un periodo de tres años.
El decreto de constitución de esta delegación subraya la necesidad de contar con un apoyo especializado que contribuya a la correcta aplicación del derecho, la protección de los derechos y deberes de los fieles y la seguridad jurídica de las decisiones diocesanas. Entre sus objetivos figuran también la adecuada relación con el ordenamiento civil, la prevención de litigios y la transparencia. Las decisiones permiten diferenciar las responsabilidades de la Vicaría General y de la Vicaría Judicial, y refuerzan el apoyo técnico y jurídico a la actividad de la diócesis.
El cambio principal es el nombramiento de Juan José Carbajo Cobos como vicario judicial, en sustitución de Pedro Faúndez Mayo, que continúa como vicario general y pasa a ejercer como juez diocesano. De este modo, ambas vicarías dejan de recaer en una misma persona, distinguiendo la responsabilidad ejecutiva del gobierno diocesano de la dirección de la actividad judicial.
Esta diferenciación de funciones, prevista en el derecho de la Iglesia, se realiza dentro de la autoridad que corresponde al obispo. Supone una distribución más clara de las responsabilidades de gobierno y de administración de justicia, al servicio de los derechos de los fieles y de la seguridad jurídica.
Juan José Carbajo, hasta ahora notario y actuario del Tribunal, asume la Vicaría Judicial por un periodo de tres años. Junto a él, José Francisco Matías Sampedro ha sido nombrado vicario judicial adjunto, y Pedro Faúndez Mayo y Edgardo Rivera Chica, jueces diocesanos. José Manuel Rubio Maldonado deja su responsabilidad como juez y pasa a desempeñar el oficio de notario actuario, encargado de dar fe de las actuaciones judiciales y de autenticar la documentación del Tribunal. Estos nombramientos tienen también una duración de tres años.
Asimismo, Fernando Valera ha nombrado a Israel López Campos abogado y letrado de la Diócesis de Zamora, por un periodo de tres años. Se le encomiendan la dirección técnica de la asesoría jurídica, la asistencia en la gestión administrativa y el asesoramiento especializado en recursos humanos.
López Campos asume también la responsabilidad técnica de cumplimiento normativo, que comprende la supervisión y actualización del plan de prevención de delitos e integridad institucional, así como la gestión de las comunicaciones recibidas a través del canal de denuncias, con las debidas garantías de confidencialidad, legalidad y respeto al procedimiento.
Con estas decisiones, el obispo sitúa el servicio de la justicia y el rigor en la gestión al servicio de las personas y de la misión pastoral de la Iglesia.
