El área de Vivienda de la Junta de Castilla y León se acerca a la fecha límite para resolver las ayudas al alquiler de 2023, que debería cerrarse en menos de un mes. De momento, ha lanzado tres llamamientos a unos 8.400 solicitantes para que subsanaran algunas cuestiones y aportaran documentación extra. Tras cumplir este trámite, ahora deberá completar la revisión de los expedientes para decidir si les concede la aportación pública.
Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio explicaron a Ical que no se harán ya más llamamientos para la subsanación de errores, tras los tres iniciados en marzo, abril y este mes de mayo. De hecho, da por cerrado este trámite administrativo sin atreverse a poner fecha a la resolución de la convocatoria, cuyo plazo en principio expira el 15 de junio, seis meses después de cerrarse el periodo de presentación de las solicitudes.
Los equipos de este departamento se han enfrentado desde el 15 de enero a una ‘montaña’ de 28.220 solicitudes, un 14,15 por ciento más que las 24.721 peticiones de la anterior edición. En esta ocasión, la opción de renovación para beneficiarios que no hayan visto modificadas su situación ha agilizado la revisión de los expedientes, porque no se ha pedido presentar de nuevo toda la documentación, salvo los recibos bancarios y un anexo si viven mayores de 14 años.
De las más de 28.000 peticiones, 6.294 llegaron a las ventanillas de la Administración autonómica de forma electrónica -1.980 de renovación- y 21.926 de forma presencial. En esta ocasión cuenta de forma inicial con un presupuesto de 19,72 millones, ampliable en otros 14, en función de las necesidades.
Aunque no se ha ofrecido una fecha para la resolución, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha señalado que previsiblemente esta línea se resolverá en verano, como se ha hecho en otras ocasiones, salvo el pasado año cuando se cerró en octubre entre críticas de la oposición.
Por provincias, Valladolid es en la que se han presentado más solicitudes, un total de 6.475, seguida de León con 5.438 y Salamanca con 4.319. A continuación figuran Burgos (3.510), Segovia (2.230), Ávila (2.112), Palencia (1.663), Zamora (1.558) y Soria, con 915. La vía presencial fue la mayoritaria, con 21.926 expedientes, de los que 4.628 corresponden a la provincia vallisoletana, 4.298 a la leonesa, 3,130 a la salmantina, 2.836 a la burgalesa, 1.846 a la segoviana, 1.740 a la abulense, 1.273 a la zamorana, 1.370 a la palentina y 805 a la soriana.
En cuanto a las electrónicas, se contabilizaron en toda la Comunidad 6.294, de las que 1.980 fueron de renovación: Ávila (124), Burgos (231), León (330), Palencia (104), Salamanca (359), Segovia (128), Soria (27), Valladolid (573) y Zamora (104). El resto se distribuyeron entre las 248 de la provincia abulense, las 443 de la burgalesa, las 810 de la leonesa, las 189 de la palentina, las 830 de la salmantina, las 256 de la segoviana, las 83 de la soriana, las 1.274 de la vallisoletana y las 181 de la zamorana.
Más fondos
La Consejería que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones contempla un presupuesto de 19,72 millones para la convocatoria de 2023, de los que 630.045 euros se reservan para las solicitudes de personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad sobrevenida. No obstante, este departamento ha previsto la posibilidad de incrementar la cuantía total en otros 14 millones, lo que no requerirá una nueva convocatoria, pero dependerá de la declaración de disponibilidad del crédito. Con ello, el importe total ascendería a 33,72 millones, lo que supone 4,36 millones más que en 2022.
De nuevo, estas ayudas, convocadas en régimen de concurrencia competitiva, tienen como objetivo facilitar el acceso a viviendas en régimen de alquiler o cesión de uso a sectores de la población con recursos económicos limitados. Los beneficiarios podrán ser personas físicas mayores de edad, que sean titulares de un contrato de alquiler, de cesión de uso o de arrendamiento de una vivienda o habitación que constituya su residencia habitual y permanente.
Además, en cuanto a renta, es necesario que el total de los ingresos anuales de la unidad de convivencia sea igual o inferior a tres veces el IPREM (23.725,80 euros) y superiores a 0,5 veces el IPREM (3.954,30 euros). El límite máximo se incrementa hasta cuatro veces el IPREM (31.634,40 euros) para familias numerosas de categoría general o víctimas de terrorismo o hasta cinco veces (39.543,00 euros) para familias numerosas de categoría especial o de personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 por ciento.
En la convocatoria de 2022, se incluyó por primera vez el alquiler de habitaciones como objeto de la subvención, siempre que su importe no supere los 150 euros si se ubica en un municipio del medio rural y 200 euros en el resto.
