ANPE-Zamora ha conseguido una resolución judicial favorable a un profesor de Tecnología que llevaba años reclamando poder desarrollar su labor docente en la provincia de Zamora, donde reside su familia. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Valladolid ha estimado el recurso presentado por el sindicato frente a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y ha reconocido el derecho del docente a cambiar su provincia de adscripción de Palencia a Zamora.
La sentencia supone un respaldo a la actuación de ANPE en defensa de los derechos del profesorado y reconoce que existían plazas suficientes para atender la petición del docente. Además, establece que deben reconocerse los efectos económicos y administrativos correspondientes desde la fecha en la que la adjudicación debió haberse realizado correctamente.
El caso se originó durante el Concurso General de Traslados de Secundaria y otros cuerpos docentes del curso 2024-2025. Las bases permitían que quienes no obtuvieran destino definitivo solicitaran la provincia en la que querían quedar adscritos en expectativa de destino. El profesor, natural de Zamora, pidió regresar a su provincia, pero la Administración lo mantuvo en Palencia.
Tras no obtener una respuesta satisfactoria por la vía administrativa, ANPE decidió llevar el caso a los tribunales para defender a su afiliado. La resolución da ahora la razón al docente y respalda la reclamación impulsada por la organización sindical, que venía denunciando las dificultades para conseguir estos cambios de adscripción incluso cuando había vacantes disponibles.
Desde el sindicato consideran que la sentencia debe servir de referencia para otros docentes que se encuentren en situaciones similares. ANPE reclama a la Consejería de Educación que respete las bases de sus propias convocatorias y gestione las vacantes con criterios objetivos, teniendo en cuenta las posibilidades de adjudicación y las necesidades de conciliación familiar.
La organización subraya que el reconocimiento judicial del derecho al cambio de provincia constituye un avance, aunque el caso todavía no está completamente cerrado. Sigue pendiente de resolución la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada frente a la Administración, con la que se pretende determinar la posible indemnización que pudiera corresponder al profesor.
