La iniciativa, defendida por la procuradora burgalesa Laura Dominguez, reclama también ampliar la información sobre dichos programas y campañas, tanto en su publicidad como en sus resultados, utilizando para ello el Gobierno Abierto, entre otro tipo de redes como medida prioritaria, y aplicar medidas correctoras para que dicha información se implante en todo el territorio. Y que realice un seguimiento y una evaluación de impacto positivo desagregado poblacionalmente para estimar los resultados del medio rural y poder ampliar y mejorar en su caso la cobertura.
La Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en Castilla y León, estipula en su artículo 13.1: "El respeto del derecho a la igualdad en todos los ámbitos educativos de la Comunidad". Del mismo modo, en la recientemente aprobada Agenda para la Igualdad 2020 el Área 4 está dedicada a la Educación y la Juventud, poniendo como objetivo específico "Desarrollar actuaciones de prevención y sensibilización en materia de igualdad de género". En este mismo documento en el Área 3 se explicita la especial atención en el medio rural.
Estas dos cuestiones unidas, la de la educación en igualdad y la del medio rural, deben ser atendidas de forma prioritaria: la educación en igualdad como fórmula primigenia para acabar con las desigualdades de género en las próximas generaciones y la del medio rural para garantizar que dicha educación se produce en igualdad de condiciones respecto al medio urbano.
Por poner un ejemplo, una de las campañas más sonadas en esta materia, la campaña "Entre Iguales", en el año 2017 se realizó en 113 centros escolares de los que sólo 22 fueron en municipios menores de 5.000 habitantes. Los talleres de prevención y sensibilización sí llegaron prácticamente a los mismos centros en el medio rural y el urbano, pero llegan a un total de 5.622 (claramente insuficiente) de los que no hay desagregado cuántos fueron del medio rural. Además, los talleres de prevención de agresiones sexuales en los centros han llegado tan sólo a 60 centros, sin que haya información desagregada sobre la situación en el medio rural.
La falta de información sobre los datos en el medio rural impiden un análisis previo correcto sobre cómo implantar medidas correctoras para que no existan desigualdades a la hora de acceder a la educación igualitaria. Del mismo modo, la falta de evaluación posterior sobre las medidas implantadas no es suficiente para asegurar que se esté llegando al medio rural.
Por otro lado, estos centros del medio rural donde se hace complicado la existencia de una agente de igualdad (aunque la Junta de Castilla y León no las considera necesarias ni en el medio rural ni en el urbano) hacen necesarias otro tipo de medidas para hacer llegar actuaciones en materia de igualdad a todo el alumnado del territorio independientemente del lugar donde viva y del número que haya en su centro.
