El Ayuntamiento de Zamora aprobó el pasado 8 de junio la implantación de un sistema interno de información, que incluye como una de las medidas el canal de denuncias, a través del que empleados de la Corporación Local y ciudadanos pueden comunicar irregularidades de forma anónima.
La Ley de Protección del Informante, aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 16 de febrero, y que traspone una directiva de la Unión Europea para reforzar la lucha contra el fraude, obliga a las entidades públicas a crear esta herramienta que permite denunciar, de forma confidencial y con un sencillo formulario, malas prácticas dentro de la administración local, situaciones de discriminación o abuso sexual, además de actividades que supongan la comisión de cualquier delito penal.
El Consistorio implanta este sistema tras la reunión que se mantuvo el pasado 7 de junio con la Mesa de Negociación General, que dio el visto bueno a este canal de participación electrónica al que se accederá a través de la web municipal (http://www.zamora.es), espacio en el que se habilitará una “pestaña” en la sección Información que dará acceso directo al formulario.
No hay que confundir esta herramienta con los buzones de quejas, reclamaciones o sugerencias del que disponen muchas entidades locales. Desde los servicios jurídicos de la Casa de las Panaderas, se explica que el también llamado canal ético es una herramienta para que empleados y funcionarios de la Corporación Local, así como cualquier ciudadano, puedan denunciar irregularidades o comportamientos que puedan ser ilegales dentro del propio Ayuntamiento, con el fin de prevenir o detectar posibles infracciones o delitos.
Tal y como permite la ley, el Consistorio zamorano ha acudido a un proveedor externo para contratar este canal, que estará activo en breve, aunque será un trabajador de la casa en el que se encargará de gestionarlo. Una vez recibida la denuncia, el responsable del canal dispondrá de un plazo máximo de 3 meses a partir del acuse de recibo para responder a la demanda y será el encargado de valorar si se inicia o no un proceso de investigación interna.
En el caso de que la irregularidad denunciada pueda ser constitutiva de un delito penal, el gestor del canal deberá remitirla a la autoridad competente. Todas las denuncias, independientemente de si se tramitan o no, permanecerán archivadas en un registro, garantizando siempre la confidencialidad y la protección de datos.
