El equipo de gobierno no tocará, por el momento, la ordenanza que regula las plusvalías. A pesar de la última sentencia del Constitucional, que declara nulas las tasas cobradas por los ayuntamientos en los casos en los que el bien no se haya revalorizado, el hecho de que el Tribunal haga referencia a a la norma foral de Guipúzcoa y no a la Ley de Haciendas Locales de forma directa provoca que el Ayuntamiento haya decidido esperar.
En ese sentido, y tras rechazar en el Pleno la moción del grupo popular orientada a iniciar los trámites normativos pertinentes, el concejal de Recaudación, José Carlos Calzada, ha subrayado que "no hay ninguna sentencia que cumplir sobre las plusvalías" y, aunque ha reconocido que sí podría darse el caso en el futuro, "todavía no se puede modificar la ordenanza porque la normativa en vigor tiene que aplicarse".
De este modo, las plusvalías seguirán cobrándose para "no ir contra la ley" aunque, en todo caso, Calzada ha señalado que "el impacto para las arcas municipales no sería muy significativo". Eso sí, primero, los responsables municipales deberían llevar a cabo una inspección para saber en qué casos las plusvalías se han cargado sobre el contribuyente sin que este hubiese obtenido un beneficio previo por la transacción.
Por su parte, el viceportavoz del grupo popular, José Luis González Prada, ha lamentado que el equipo de gobierno "niegue una evidencia" y ha apuntado que, "si el cobro es inconstitucional en el País Vasco o en Galicia, lo es también en Zamora".
Asimismo, González Prada ha advertido que muchos ayuntamientos "están arbitrando mecanismos" para cortar "un cobro indebido" y ha alertado de la posibilidad de un coste millonario para las arcas municipales. "El presupuesto cifra las plusvalías para este año en 2,5 millones. Si ponemos que la mitad están en el caso que indica la sentencia, sería más de un millón durante cuatro años", ha concluido el responsable popular.
