Esta mañana se ha celebrado la Conferencia sectorial deAdministración Pública convocada por el Ministerio de Política Territorial yFunción Pública, en la que ha participado la directora general de FunciónPública de la Junta de Castilla y León, Paloma Rivero.
La reunión tenía por objeto abordar la regulación delteletrabajo en el ámbito de la Administración Pública. El texto que finalmentese ha aprobado a nivel nacional incorpora un nuevo artículo 47 bis al EstatutoBásico del Empleado Público, regula el teletrabajo como modalidad de prestaciónde servicios de los empleados públicos, y afecta al personal funcionario ylaboral que presta servicios en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
En su redacción ha formado parte activa la Consejería de laPresidencia, tanto a través de la Comisión de Coordinación de Empleo Públiconacional, como de la Conferencia Sectorial de Administración Pública. Lasaportaciones de Castilla y León han ido permanentemente en la línea de apoyo aesta modalidad de prestación de servicios, máxime cuando ha quedadosobradamente demostrada la capacidad de los empleados públicos de atender laprestación de su actividad mediante esta modalidad durante la pandemia.
En palabras de la directora, “consideramos que estamodalidad de trabajo puede contribuir ya no sólo a la compatibilidad de la vidafamiliar y laboral sino también a otros objetivos como la sostenibilidadambiental o el mantenimiento de población en núcleos rurales donde se hace másatractivo vivir”.
La Junta de Castilla y León, no obstante, cuenta ya con suspropias normas de teletrabajo, las cuales permiten el acceso a esta modalidadpor parte de los empleados públicos, habiéndose iniciado ya el contacto con las organizaciones sindicales para suactualización y agilización en los trámites. Con las aportaciones que se hanelevado a la redacción del nuevo artículo del Estatuto Básico, la Junta apoyala aportación de medios tecnológicos por parte de la administración, sinembargo, y dada la necesaria adaptación, adquisición de tales medios ynegociación integra del nuevo texto autonómico con las organizacionessindicales, se ha solicitado un periodo de adaptación al Ministerio de PolíticaTerritorial y Función Pública, periodo que ha quedado reflejado mediante unanueva disposición en el Estatuto Básico con un plazo de seis meses.