El Consejo de Comercio de Castilla y León acordó proponer el mantenimiento de los diez domingos y festivos de apertura comercial autorizada para los establecimientos de más de 300 metros cuadrados durante 2027, en línea con el calendario vigente en la Comunidad. La propuesta contó con un amplio consenso entre los representantes del sector, aunque persisten diferencias sobre la elección del 5 o el 6 de diciembre como jornada de apertura, una cuestión que deberá resolver finalmente la Junta de Castilla y León.
Así lo explicó hoy el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras la celebración de una sesión del Consejo de Comercio de Castilla y León, en la que estuvo acompañado por la secretaria general de la Consejería y la directora general de Comercio y Consumo, informa Ical.
Suárez-Quiñones señaló que la normativa estatal establece un mínimo de diez domingos y festivos de apertura comercial al año. En el caso de Castilla y León, explicó que se mantiene el mínimo fijado por la legislación estatal, una posición que volvió a contar con el respaldo de los distintos sectores representados en el Consejo.
“Hay una ley estatal básica que establece un mínimo de diez jornadas de apertura”, recordó el consejero, quien precisó que en Castilla y León “rige la norma estatal en su cifra mínima”, por lo que la propuesta es mantener ese número durante el próximo ejercicio.
En este sentido, detalló que las distintas organizaciones y administraciones presentes en la reunión plantearon sus posiciones sobre el calendario comercial de 2027, con un acuerdo generalizado en torno a las diez jornadas de apertura autorizada.
No obstante, el responsable autonómico reconoció que existe una discrepancia concreta respecto a las fechas del puente de diciembre. “Hay unanimidad en todas las fechas. Hay una en la que hay diferentes opiniones, que es abrir el día 5 o el día 6 de diciembre”, explicó.
Ante esta diferencia, Suárez-Quiñones indicó que los representantes del Consejo expusieron los argumentos y fundamentos que justifican cada una de las opciones, que serán valorados por la Administración autonómica antes de adoptar una decisión definitiva. “Se aportan los razonamientos y los fundamentos de una y otra y después la Junta decidirá”, manifestó.
