Ambos sindicatos acusan a través de un comunicado al servicio postal público de España de vulnerar el dialogo social, el derecho a una información transparente sobre la situación económica de Correos, de maquillar los datos financieros y de utilizar la crisis como coartada para renunciar a un sistema de financiación justo del correo público. Todo ello, expresado a través del siguiente comunicado:
CCOO y UGT, sindicatos mayoritarios de Correos, han acusado al presidente de la compañía, Juan Manuel Serrano, de utilizar una interpretación torticera, parcial e interesada de la situación económica de la empresa para presionar a la plantilla y a las organizaciones sindicales en busca de un ajuste encubierto y una orientación de la mayor empresa del sector público hacia un modelo de estricto negocio abandonando la consideración de servicio de interés general que la Ley Postal y la normativa europea asignan a Correos como operador designado para prestar el servicio universal.
En relación con este asunto y después de que Correos difundiera la solicitud de un préstamo bancario para hacer frente al pago de las nóminas, ambos sindicatos procedieron a la petición formal de datos sobre la situación financiera de la empresa. La respuesta de Correos ha sido la de convocar una reunión al margen de las reglas del diálogo social –sin formato legal, sin tiempo y sin documentación suficiente- y omitiendo datos de relevancia para conocer la exacta situación de la empresa y propiciar una discusión seria sobre la misma. Apuntamos como dato relevante que la decisión de convocar la referida reunión atípica el pasado jueves por la tarde (víspera de festivo) para el lunes y no facilitar documentación hasta el domingo noche (no se pudo recibir en las estructuras sindicales hasta una hora antes de la reunión) es fiel reflejo de un estilo negociador de marcado acento tramposo y falto de un respeto elemental hacia lo que representan los sindicatos.
En este sentido, resulta injustificable la decisión personalista del Señor Serrano de impulsar a Correos desde el primer día de la crisis sanitaria del COVID en una orientación exclusiva hacia aspectos de negocio en un contexto como el actual, con todo el sector público y el Gobierno volcados en la cobertura social del impacto de la crisis. Esta situación se manifiesta a través de la particular interpretación del Señor Serrano de cómo dar respuesta desde Correos al contexto existente en nuestro país, obviando que Correos (además de su papel de empresa competidora en diversos ámbitos del sector) es una empresa prestadora de un servicio público declarado esencial en el estado de alarma. Por eso es insólito que en los datos difundidos públicamente por Correos se ponga el foco en la reducción de ingresos y en el mantenimiento de los gastos de personal, omitiendo que ha mantenido el 75% de ingresos, en plena pandemia y con un desplome generalizado de la economía. Ello indica el alto nivel de actividad y la implicación de la plantilla que durante semanas fue obligada a trabajar con serias e inaceptables carencias en materia de protección y seguridad frente al virus, llevándola a ser el segundo colectivo en contagios, tras el personal sanitario, con casi 1.000 positivos y 4.000 personas que han estado o están en cuarentena (situación que a día de hoy y a pesar de la ocultación se sigue manteniendo)
Además, los sindicatos señalan que Correos está maquillando las cifras. Lo cual será evidenciado en un informe que están elaborando CCOO y UGT para aclarar la publicidad engañosa (también en este asunto) de Correos sobre su situación económica. Baste indicar que se elude la referencia a los ingresos extraordinarios de las elecciones políticas celebradas en abril de 2019, lo que reduciría a la mitad la caída de ingresos aducida por la empresa. Asimismo, ambos sindicatos ponen de manifiesto el hecho de que siendo Correos una empresa prestadora de un servicio público deficitario, el presidente de Correos ha renunciado personalmente a defender una financiación del Servicio Postal Universal justa y suficiente para el próximo quinquenio (2021-2025) lo puede suponer una drástica reducción de la misma durante los próximos cinco años.
Frente a esta clara manipulación de la información financiera por parte de la alta dirección de Correos CCOO y UGT reclamaran, entre otros aspectos, a la Presidencia de Correos, los datos de proyección de tesorería, la cuantificación de las líneas de crédito extraordinario del Estado aprobadas por el Gobierno, las líneas propias de crédito a corto, medio y largo plazo, así como algunas partidas de gasto, como las destinadas a campañas de marketing, los gastos extraordinarios destinados a compras de mascarillas y el detalle los criterios de compra y de su distribución entre el personal de Correos o externo y ajeno a Correos.
En todo caso, CCOO y UGT consideran que con esta actuación del Presidente de Correos, insólita en el conjunto del sector público e incompatible con la gestión empresarial y el respeto a los valores intrínsecos de una empresa pública, el Señor Serrano está utilizando la crisis derivada de la pandemia en beneficio de una clara intención personalista (y creemos que ajena a las directrices del Gobierno y Partido Socialista) para promover una reconversión y un desmantelamiento de Correos como servicio público, situándose además al margen de la política general del Gobierno, que está apostando por el diálogo social en el objetivo de trazar un mapa de reconstrucción económica, laboral y social que el país necesita y que debería aplicarse, más pronto que tarde, en Correos.
A la vista del desgobierno existente en Correos, tanto en la gestión empresarial como en las cuestiones relacionadas con dialogo social y el respeto a la democracia laboral, CCOO y UGT llaman la atención de los ámbitos políticos concernidos emplazándoles a adoptar las medidas oportunas, así como a tomar conciencia del problema descrito. Todo ello a fin de revertir una situación inaceptable y demoledora, para los millones de clientes de Correos en su condición de empresa pública, para los millones de ciudadanos que utilizan Correos como garante de un servicio público de interés general en todo el territorio nacional y para los 54.000 trabajadores postales que aportan su esfuerzo diario para posibilitar el funcionamiento de Correos en todas sus facetas y que además vienen realizando con impagable coraje y profesionalidad una labor de indudable aporte social durante estos días de crisis sanitaria por el COVID en nuestro país.
