En concreto, en la provincia de Zamora se podríansuprimir 10 puestos entre los registros civiles de la capital y los juzgados de Benavente, Toro, Villalpando y Sanabria, y unos 32 en las agrupaciones de juzgados de paz de la provincia. En el ámbito de Castilla y León, los funcionarios afectados rondarían los 400, y en toda España el número de puestos en riesgo ascenderían a unos 4.000, muchos de ellos en los juzgados de paz que, inicialmente, se salvaron gracias al acuerdo de 2014 firmado por CSIF.
Desde CSIF se considera de máxima prioridad que salga adelante una nueva “vacatio leguis” que permita abordar sin cortapisas el nuevo modelo que debe regular el Registro Civil. En palabras del responsable provincial del sector de Justicia en CSIF Zamora, Juanjo Banciella, “el ministro Rafael Catalá debe cumplir su compromiso de que el Registro Civil se gestione por funcionarios de Justicia”, indica.
“Si el Registro Civil sale de la Administración de Justicia, se puede poner en peligro la continuidad de los juzgados de paz tal y como hasta ahora los conocemos”, se asegura desde CSIF Justicia Zamora, “con la consiguiente pérdida de servicios que ello supondría para el medio rural y el deterioro en la proximidad de la Justicia, para un conjunto de población, de edad cada vez más avanzada y con dificultades para acceder a servicios básicos que deben ser garantizados. En una comunidad como Castilla y León y en una provincia como Zamora, se debe de atender a las necesidades del medio rural no sólo para frenar la despoblación, sino para garantizar la calidad de vida de las personas que viven en él”.
La posición de CSIF es clara en favor de un Registro Civil moderno, público, gratuito, informatizado y desjudicializado, que aproveche su actual demarcación y estructura, y que atribuya su gestión a los funcionarios de Justicia poniendo en valor su formación, experiencia y potencial, para llevar a cabo la necesaria modernización de este servicio esencial. Eso sí, CSIF reclama que se dote a los registros civiles del material, el personal y los medios informáticos y técnicos suficientes y necesarios, para poder trabajar y atender las demandas de los ciudadanos de una manera eficiente.
Advierte Juanjo Banciella que, “además, tal y como están las cosas, los únicos que podemos garantizar la continuidad del servicio del Registro Civil, a partir del 1 de julio, somos los funcionarios de Justicia, porque ni se han previsto los medios personales y materiales que precisa la Ley 20/2011 para su entrada en vigor, con su redacción actual, ni hay programa, ni reglamento ni personal, con la capacitación para poner en marcha ese nuevo modelo de Registro Civil”. “Los políticos, que tanto dicen defender los servicios públicos, se tienen que retratar definitivamente en este asunto, y propiciar la aprobación de una nueva ley que modifique y reforma la actual que permanece suspendida”, añade.
Según la presidenta provincial de CSIF Zamora, Rosa Mª Herrero, “es falso que la Ley 20/2011 contase con el consenso social que se dice que tuvo, pues por ejemplo CSIF, como primera fuerza sindical en Justicia, no apoyó dicha Ley, que dejaba en precario a los funcionarios de Justicia y alejaba el servicio del ciudadano”. Asimismo, hace hincapié en que “la última reforma rechazada en el Congreso respetaba el 95% de la Ley 20/2011, pues sólo modificaba lo relativo a la gestión de este servicio público y su mantenimiento, servido por funcionarios de Justicia”.
Es por ello, por lo que, “se llama a la movilización en defensa de un Registro Civil, servido por funcionarios de la Administración de Justicia, manteniendo su estructura territorial; y se tiende la mano a grupos políticos, instituciones, ayuntamientos y agentes sociales de la provincia en defensa del Registro Civil, así como de los juzgados de paz”, concluye Herrero.
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